Lucía Barrera, Directora de
Gaceta Médica
| viernes, 10 de abril de 2015 h |

No cabe la menor duda de los beneficios que la aplicación de las nuevas tecnologías (TICs) suponen para la asistencia sanitaria, una unión natural que ya está dando sus frutos. Sin embargo, esta semana ha saltado la alarma en el sector con la puesta en marcha de un servicio online que permite a los pacientes conseguir la prescripción privada de cualquier medicamento de venta con receta —con la excepción de estupefacientes, psicotrópicos, diagnóstico hospitalario o los que produzcan adicción o dependencia física—. Así, en cinco minutos y con diez euros y una breve documentación (informe médico, historia clínica o receta antigua del fármaco) los pacientes pueden decidir qué medicamento adquirir y cuándo hacerlo, independientemente de que su médico haya decidido interrumpir un tratamiento o de que haya considerado oportuno no prescribirlo.

Médicos y farmacéuticos se cuestionan, por un lado la legalidad de esta plataforma (recetamedicaonline.es), y por otro, el grave riesgo que puede suponer para la seguridad de los pacientes. Resulta cuanto menos significativo que el médico y director de proyectos de la web justifique las dudas de seguridad que plantea el proyecto alegando que “el paciente puede mentir igual cuando acude físicamente a la consulta”. Sin duda esta web parte de una visión marcadamente mercantilista a la que poco le importa la deontología profesional, reduciendo el papel del médico al de mero prescriptor de fármacos. En definitiva, un concepto de la salud como negocio donde poco o nada se tienen en cuenta las consecuencias que ello pueda acarrear.

Legal o no, dado que los vericuetos de las leyes dejan en muchas ocasiones vacíos legales, máxime en el mundo digital, lo cierto es que ni el ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos, que deben ser garantes de la seguridad de la atención sanitaria, deberían dejar que iniciativas como éstas, que se visten con el nombre de telemedicina y se amparan en una prescripción colegiada, pongan en riesgo la salud de los ciudadanos y el prestigio de los profesionales.