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Un “sinsentido” que no va a resolver ni la demanda ni la financiación sanitaria. El presidente del Consejo General de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, ha definido así la idea lanzada por el consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, de establecer una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tengan un determinado nivel de renta, propuesta que ha rechazado firmemente pues “aniquilaría” del Sistema Nacional de Salud (SNS) tal y como está concebido, generando una medicina para pobres y otra para ricos.
Sin embargo, no sólo los médicos sino también los grupos políticos se han distanciado de una medida que han calificado de “insostenible” desde el PP, de “salvajada y barbaridad” desde el PSOE y de “paso atrás” en la historia de la sanidad española desde IU. De hecho, su propio departamento ha matizado las declaraciones —asegurando que la intención del consejero era abrir el debate sobre la construcción de un modelo asegurador diferente en todo el país y descartando que la propuesta se vaya a aplicar en la comunidad — y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha aclarado en el Parlamento catalán que se trata de una reflexión del consejero que su Gobierno no comparte. Sólo el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha insistido en su apoyo a cualquier medida que promocione el seguro privado para contribuir a la sostenibilidad del SNS.
Por otra parte, las negociaciones entre la Administración de Ruiz y los sindicatos sanitarios se han roto definitivamente, tras el cierre de la Mesa Sectorial de Sanidad —de la que forman parte Metges de Cataluña, CC.OO., UGT, Satse y Catac— por parte del Instituto Catalán de la Salud (ICS) que ha alegado que no queda “tiempo material” para conseguir un acuerdo mayoritario que pueda ser efectivo este mismo año sobre el recorte salarial de los 40.000 sanitarios que integran la red pública de salud. Por lo tanto, las condiciones de trabajo del personal funcionario y estatutario se discutirán a partir de ahora en la Mesa General de la Función Pública, en la que no están presentes los sanitarios.
Tras advertir de que tomará las medidas “estrictamente necesarias” para cumplir con la asignación presupuestaria hasta finales de año —matizando que se hará con la voluntad de incidir el mínimo posible en la actividad asistencial y en el volumen global de la plantilla— una suspensión de la oposiciones, la mayor reducción de las plantillas de interinos y la eliminación de forma temporal de la mayoría de los complementos salariales que cobran los 230.000 funcionarios, empleados públicos y contratados laborales de la Administración han sido algunas de las medidas de austeridad para 2012 que el Gobierno catalán ya ha dado a conocer en este órgano, encontrándose con el rechazo de CC.OO., UGT e IAC que barajan la posibilidad de convocar otra gran protesta el próximo 14 de diciembre.
Para Metges se trata de un expediente de regulación de empleo “encubierto” e “inasumible” para los médicos y que supondrá una “mutilación” de los derechos sociales y económicos que “lesionarán gravemente” los avances alcanzados en los últimos 15 años, encendiendo de nuevo el “fuego de la revuelta” entre los profesionales que vienen sufriendo recortes desde mayo de 2010.
La tasa por receta y la obligación de pólizas privadas planteadas por el consejero catalán pueden crear “barreras de acceso” a la atención sanitaria, según el informe ‘Health at a Glance 2011’ que anualmente revisa los principales indicadores sanitarios en los países de la OCDE. El coste de los tratamientos, las listas de espera y las largas distancias son las tres principales causas detectadas por las encuestas, especialmente en Grecia, Italia, Polonia y Portugal, aunque algo menos del cinco por ciento de los consultados en estos países se siente afectado, recayendo la carga más dura sobre los de bajos ingresos. Dado que la corresponsabilización de los usuarios descansa en su capacidad de pagar, si la financiación de la asistencia depende más de los pagos de los usuarios, su carga, en teoría, podría trasladarse hacia los que usan más los servicios y, posiblemente, desde usuarios con altos ingresos hacia aquellos con ingresos más bajos, donde las necesidades suelen ser mayores. El informe destaca que España se sitúa por debajo de la media de la OCDE en copago farmacéutico y aseguramiento privado, medidas que según este organismo van alineadas, entre otros indicadores, con las necesidades no cubiertas.
