br
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que insta al gobierno a crear una red de agencias de evaluación de técnicas, procedimientos o prestaciones que garanticen la equidad y la actualización de la cartera de servicios bajo criterios de eficacia y de eficiencia, en línea con el acuerdo del pasado Consejo Interterritorial (ver GM, nº 412).
El texto final, respaldado con 28 votos a favor y 15 abstenciones, incorpora enmiendas de los grupos nacionalistas, que insistieron durante el debate en que ha de respetarse la participación y las competencias de las comunidades autónomas, pero no la presentada por el grupo socialista, que propuso la transformación de la Agencia Estatal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en un instituto nacional de excelencia clínica similar al Nice británico. Además, durante su intervención, la socialista Soledad Cabezón expresó su confianza en que la estrategia planteada por el PP “no sea otra que buscar una excusa para enmascarar o justificar una posible rebaja de la cartera de servicios en pro de la equidad del Sistema Nacional de Salud”.
Por otra parte, la elaboración de la estrategia de atención integral a enfermos crónicos propuesta por el PP, aunque con el respaldo final de todos los grupos a una enmienda transaccional que recogía la mayor parte de las sugerencias, también saldrá adelante. A diferencia de la proposición no de ley defendida por el grupo Izquierda Plural, que reclamaba el mandato al gobierno para que no utilice la fórmula de copago en el sistema sanitario público.
PP y CiU rechazaron la iniciativa defendida por el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que recordó que todos los partidos allí presentes, sin excepción, han rechazado el copago durante la campaña electoral. Desde el PP, su portavoz en la comisión, Manuel Cervera, recalcó que no habrá copago “en esta legislatura”, aunque emplazó el debate sobre esta medida a otros foros, como la subcomisión de sostenibilidad del SNS.
La decisión sobre la continuidad de la dispensación sin prescripción médica de la píldora del día después también tendrá que esperar. José Martínez Olmos, portavoz socialista en la comisión, reclamó que se mantenga en los mismos términos aprobados por su partido, mientras CiU y PP emplazaron a retomar la discusión cuando dispongan de los informes técnicos solicitados por la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Otra de las propuestas socialistas, que abogaba por dar a los pagos de las facturas atrasadas a las oficinas de farmacia la misma prioridad que al pago de los salarios también fue rechazada.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó la semana pasada en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta realizada por el senador Francisco Javier Yaguas, del Grupo Mixto, que su departamento buscará medidas para optimizar los incentivos fiscales a la investigación privada y tendrá en cuenta los programas de colaboración con las fundaciones para compensar el recorte inevitable que sufrirá la I+D+i en los próximos presupuestos.
Aunque aseguró que se trata de una política “absolutamente prioritaria” para su ministerio, recordó que “vivimos en un contexto excepcional y los investigadores no están al margen de la sociedad que lo sufre. Por tanto, el mundo de la I+D tendrá que contribuir al esfuerzo que se pide al resto de la población”. De Guindos recalcó que la reducción presupuestaria ya se inició en el pasado, “en 2009, con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación”, matizó.
Parte de los esfuerzos para paliar este ajuste se destinarán a mejorar la organización, “eliminando duplicidades y estableciendo actuaciones complementarias sin olvidar que han de ir en línea con las políticas europeas”, aunque también se fomentará la participación internacional, según el ministro.
