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Las trabas en el acceso a los tratamientos, la atención en las mismas condiciones que el resto de la población y la equiparación de las condiciones de sus profesionales a los del Sistema Nacional de Salud siguen siendo las grandes reivindicaciones de una sanidad penitenciaria española, que ha experimentado una gran evolución asistencial en los últimos años pero que se ha visto frenada tanto por la falta de presupuesto —la partida de prisiones contará con 52,16 millones menos en los Presupuestos Generales de 2013— como de “voluntad política”.
Como ha explicado a GM el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Antonio López Burgos, antes de comenzar el Congreso Nacional e Internacional que esta entidad ha celebrado en Madrid, la guía farmacoterapéutica implantada el año pasado con los medicamentos incluidos en la prestación de esta institución ha contribuido a reducir el gasto en antirretrovirales en unos dos millones de euros pero también ha condicionado la libertad de prescripción de los facultativos de prisiones y ha dificultado el acceso a los nuevos tratamientos para la hepatitis C —de hecho, no se ha comenzado ninguno—, siendo ésta una de las patologías de mayor incidencia entre la población reclusa —en torno al 22 por ciento de los 70.000 presos— junto con el VIH —un 6 por ciento—, las drogodependencias y las enfermedades mentales —las más relevantes con un 40 por ciento de afectados, incluyendo la patología dual.
López Burgos también ha incidido en que el traspaso de estas prestaciones a las consejerías regionales de sanidad —actualmente siguen dependiendo del Ministerio de Interior— se encuentra totalmente paralizado pese a que la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para integrarlas y a que ha habido varias proposiciones no de ley en el Congreso para que se agilizaran de forma urgente
—una de ellas presentada hace cuatro años por el Grupo Popular.
Así, explica cómo el País Vasco fue la única comunidad que las completó en julio de 2011 durante un proceso que no duró más de 10 meses en los que se solucionaron todos los problemas que no se han podido solventar en el resto del país durante ocho años porque hubo “voluntad política” de los dos partidos entonces en el Gobierno autonómico. Por tanto, que la sanidad penitenciaria se integre en los servicios autonómicos de salud y que estos servicios se conviertan en centros de primaria siguiendo el modelo vasco es la aspiración de la SESP, que no cree que el tema económico sea un impedimento pues, aunque López Burgos ve precipitado hacer una evaluación de cómo ha cambiado la atención a los reclusos en el País Vasco, está seguro de que va a funcionar mejor pues los profesionales tienen acceso a las historias clínicas y se ha potenciado mucho la telemedicina, mientras que en el resto de España —a excepción de Cataluña, de la que no tienen datos— el año pasado se produjeron 45.000 traslados y sólo unas 400 teleconsultas, por lo que a la larga tiene que ser “beneficioso”.
En su opinión, el problema es la atención farmacéutica de esos pacientes ya que las CC.AA. tienen convenios por los que reciben una partida económica y, en caso de transferirse, la perderían, algo que para el sistema en general sí generaría un ahorro importante.
Aunque durante el Congreso, se han presentado también los sistemas de atención a reclusos de otros países, el presidente de la SESP matiza que el modelo español no es comparable a los del resto de Europa porque es “decimonónico”, está “desfasado” y es el único que sigue considerando la atención sanitaria en prisiones como un servicio “aislado”.
