br
Si la congelación del sueldo de todos los funcionarios —sumada al incremento anual del IPC— aprobada por el Gobierno central para este ejercicio supondrá, según el sindicato CESM, una nueva “pérdida” de poder adquisitivo para los médicos, estos temen aún más a los “tijeretazos” autonómicos que ya están generando conflictos entre algunas administraciones y los profesionales.
Es el caso de la región madrileña, donde los facultativos se vienen concentrando desde principios de enero en protesta por el incremento de su jornada laboral a 37,5 horas semanales y por la eliminación de hasta el cien por cien del complemento retributivo en caso de Incapacidad Temporal (IT) por accidente o enfermedad común, dos recortes incluidos en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la comunidad para 2012 que según todos los sindicatos de la región supondrá la destrucción de 7.000 puestos de trabajo —unos 3.000 del sector sanitario—, especialmente para el personal con contrato eventual, y una pérdida económica que puede alcanzar hasta los 900 euros en los tres primeros días de baja por enfermedad para el colectivo médico.
Los representantes de los trabajadores simplemente reclaman la negociación de este tipo de medidas, como está ocurriendo en Castilla y León, donde la consejería de Sanidad de Antonio María Sáez ha vuelto a posponer el recorte de las guardias previsto para el 1 de enero en ocho servicios hospitalarios por la falta de un acuerdo con los profesionales.
También el presidente de esta comunidad, Juan Vicente Herrera, presentó a los sindicatos a finales de diciembre un Plan de Racionalización del Gasto Corriente —con el que pretende ahorrar al menos 14 millones de euros— que incluye el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos en 2,5 horas semanales lo que, en el caso de los profesionales del servicio de salud, podría imputarse a las tardes a quienes trabajan sólo por la mañana —una cada 15 días—, reduciendo así las “peonadas” o la actividad extraordinaria de tarde que es incentivada para reducir la lista de espera. En otras categorías en las que se trabaja a turnos, este aumento de jornada reducirá las sustituciones y restringirá nuevas contrataciones.
En la misma línea, la Consejería de Sanidad valenciana ha ampliado el horario de tardes de los centros de salud para ahorrar una media de 2,3 millones de euros al año, una iniciativa contemplada dentro del plan para optimizar recursos presentado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el que también se incluye una modificación del modelo retributivo y la reorganización de los equipos directivos.
Así, los Puntos de Atención Continuada (PAC), que hasta ahora prestaban asistencia de guardia cuando los centros de salud estaban cerrados, es decir, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana, lo harán en turnos de 8 a 3 y de 3 a 9, hora en que comenzará la guardia hasta las 8 del día siguiente, de forma que los centros de AP seguirán prestando servicio a los ciudadanos, pero entre las 3 y las 9 lo harán en concepto de jornada laboral y no de guardia, reduciendo el pago de éstas.
Jubilación forzosa
Por su parte, el titular castellano-manchego, José Ignacio Echániz, ha explicado que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha establecido —tras negociarlo con los sindicatos— la jubilación forzosa para todos sus empleados a los 65 años o a la edad que establezca la normativa vigente, eliminando la posibilidad de permanecer en activo hasta los 70 años, una medida que los médicos rechazan y que de hecho ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al considerar que no cumple con los requisitos del Estatuto Marco, como reclamaba el sindicato de esta comunidad CESM-Simebal.
“Los médicos de Madrid pueden perder hasta 900 euros en los tres primeros días de baja laboral”
“Castilla-La Mancha impone una jubilación a los 65 que la Justicia ha anulado en Baleares”
La nuevas actuaciones anunciadas por la Generalitat Valenciana dentro de su plan de ajuste para ahorrar 1.000 millones de euros contemplan una reducción del gasto sanitario de 440 millones de euros en la que se incluyen medidas para ganar en eficiencia del gasto corriente (70 millones), un menú básico común para todos los pacientes (7,5 millones), la imposición de tasas por solicitud de centro sanitario y por renovación de tarjeta sanitaria (un millón) o la modificación retributiva del personal directivo junto con la racionalización de turnos y guardias y un mayor control del absentismo (57,5 millones de euros). También incluye la creación de 30 entidades de base asociativa en AP con una asignación salarial fija en función de la carga asistencial (30 millones), la centralización de servicios médicos y la creación de guardias hospitalarias metropolitanas en varias áreas (40 millones). En la misma línea, se revisarán los conciertos con transportes y resonancias (40 millones) y los mecanismos de cobros a pacientes extranjeros (10 millones), informa Toni Martínez.
