RDL 16/2012/ La OMC explica en un informe que elevará al Defensor del Pueblo la falta de “racionalidad” en la regulación de áreas como los RR.HH.

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REDACCIÓN Madrid | viernes, 13 de julio de 2012 h |

Los médicos consideran que la “extraordinaria y urgente necesidad” alegada por el Gobierno para la aprobación del RDL 16/2012 de medidas que garanticen la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) no queda justificada ni en el contenido de la norma, ni en la exposición de motivos ni en las deliberaciones parlamentarias —que no han contado, además, con su participación—, al menos en algunas de las materias reguladas como el régimen funcionarial de los médicos titulares o las relacionadas con los recursos humanos.

Según el informe sobre posibles causas de inconstitucionalidad que la asesoría jurídica de la Organización Médica Colegial (OMC) ha elaborado para elevarlo al Defensor del Pueblo —como también ha hecho el sindicato CESM— la relación entre las medidas adoptadas y las razones esgrimidas es “nula”. En concreto, sobre la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) en materias como las áreas de capacitación específica, la acreditación de centros y unidades docentes y la creación de nuevos títulos o del registro estatal de profesionales —algo que ya han elaborado los consejos generales de médicos— ninguna hace referencia, según la OMC, al gasto o déficit sanitario o a la sostenibilidad del SNS.

También la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud —creando, modificando y suprimiendo categorías— o el cambio en el ya mencionado Cuerpo Nacional de Médicos Titulares “carece de toda explicación racional” pues, tal y como plasma el informe, se desconoce a efectos jurídicos cómo quedará este grupo de funcionarios ante la “remisión en blanco” que se hace a las comunidades autónomas sin ninguna “predeterminación normativa”.

Además, “lesiona” el derecho al cargo y la estabilidad que otorga a estos profesionales el Estatuto Básico del Empleado Público pues les desplaza del cuerpo o les otorga funciones diferentes a las de su estatus, obligándoles a la integración en un régimen distinto. Lo más “sorprendente”, sin embargo, para el Consejo de Médicos, es el “injustificado” cambio de un sistema universal de protección de la salud de todos los ciudadanos —instaurado en el artículo 43 de la Constitución Española— al sistema “preconstitucional” de aseguramiento. De esta forma, según el documento, no se garantiza la asistencia sanitaria a quien no ostente la condición de asegurado y sólo prevé una posibilidad, no un deber, para aquellos que no superen un límite de ingresos, pero sin que éste quede garantizado, otorgando así una “potestad discrecional” a la Administración a la hora de decidir quién reúne o no las condiciones. En relación al ámbito de la regulación de las prestaciones farmacéuticas, que afecta a la prescripción y dispensación de medicamentos y a la actuación de los profesionales, el informe señala que aparecen conceptos jurídicos “indeterminados” como el de “medicamento biosimilar”.

Paralizar el nuevo copago

Por su parte, el Partido Socialista de Madrid ha puesto en marcha una batería de acciones institucionales, jurídicas y sociales para paralizar el nuevo copago de fármacos contemplado en este decreto, según ha anunciado su secretario general, Tomás Gómez, que también ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular en la Asamblea de Madrid y está trabajando para presentar una proposición no de ley por invasión de competencias autonómicas, así como por vulnerar la protección de datos, pues no se ha pedido autorización a los ciudadanos para dar a conocer sus niveles de renta.

“Lesiona el derecho de los titulares al cargo y estabilidad del Estatuto del Empleado Público”

El informe destaca conceptos jurídicos “indeterminados” como medicamento biosimilar