La ONG Médicos del Mundo ha reclamado un acceso incondicional al seguimiento prenatal de las mujeres embarazadas y a la vacunación infantil en todos los países europeos en todos los colectivos, con independencia de su situación legal. La organización acaba de presentar los datos de su último informe, que analiza “El acceso a la sanidad de las personas en situación de mayor precariedad en una Europa en crisis”.
El documento, que recoge los resultados de un total de 16.881 consultas realizadas en 25 ciudades de ocho países europeos por los profesionales de la organización durante 2013, recalca que a día de hoy los derechos de atención sanitaria de embarazadas y menores siguen sin estar garantizados en Europa. “Es una denegación de derecho que viola los derechos fundamentales, los convenios internacionales y los principios fundamentales de la salud pública”, denuncian.
Según este informe, un total de 285 mujeres embarazadas y 1.700 menores fueron atendidos en los centros europeos de Médicos del Mundo. Entre las mujeres, el 65,9 por ciento no había tenido acceso a la atención prenatal antes de acudir allí y un 42,8 por ciento había recibido la atención demasiado tarde.
Con respecto a los menores, en el mejor de los casos la mitad habían recibido vacunas contra enfermedades como tétanos, hepatitis B, rubeola o tos ferina, aunque en algunos países esta cifra bajaba al 30 por ciento.
Los portavoces de la organización recuerdan que en nuestro país, y a pesar de que las mujeres embarazadas y menores son la excepción en el RDL 16/2012 que excluye a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria, también se les ha negado con frecuencia el acceso a servicios esenciales desde la entrada en vigor del decreto.
Priorizar la ética médica
Para evitar este tipo de situaciones, la organización realiza un llamamiento a los profesionales sanitarios y recuerda la Declaración Europea de los Profesionales de la Salud firmada en 2009 por más de un centenar de organizaciones, en la que redactaron que el acceso discriminatorio a la sanidad contradice la ética profesional. “Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos”, recuerdan.
En cualquier caso, la ONG reconoce en este informe que los actos y discursos de los profesionales de la salud han supuesto un gran avance en favor de los derechos de los grupos vulnerables a la atención sanitaria. “El rechazo a cumplir las medidas legales que alteran la ética profesional y excluyen a ciertos grupos de pacientes manda una señal contundente a las autoridades”, de ahí que pidan a los profesionales de la salud que les acompañen en la exigencia de dar prioridad a la ética médica.
Mejoras en el acceso
En un contexto de pesimismo, el informe de Médicos del Mundo también deja un lugar para la esperanza. Cita tres ejemplos de medidas que en 2013 sí han servido para reforzar la atención a los colectivos más frágiles. Uno de estos casos es Suecia, donde el pasado mes de julio entró en vigor una nueva ley que otorgaba a los menores el acceso a la atención sanitaria pública, hasta entonces limitada a la atención en urgencias. Los adultos en situación irregular se han equiparado con los solicitantes de asilo político, que según la legislación pueden acceder a determinados servicios sanitarios abonando un copago de seis euros por visita.
Otro ejemplo de mejoras en el acceso a la atención sanitaria es Francia, donde se ha elevado el umbral de ingresos mínimos de las personas solicitantes de atención sanitaria gratuita, ofreciendo las prestaciones a un total de 600.000 nuevos pacientes.
Para finalizar, Médicos del Mundo destaca una de las medidas adoptadas en 2013 por el gobierno alemán. Desde el año 2007, las personas que habían perdido su cobertura médica eran penalizadas con un 5 por ciento de interés, además del precio de la cobertura médica, cantidades que debían abonar para recuperarla. Desde el mes de agosto del año pasado, la deuda se salda con un porcentaje menor de sanción, un uno por ciento del total.