Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Hay veces en que el remedio suele resultar siempre mucho peor que la enfermedad. El ‘tijeretazo’ que casi con nocturnidad y alevosía ha aprobado el Gobierno para restañar con él las heridas causadas por un desbocado déficit público del que sólo él es responsable va a suponer la puntilla para el ya deteriorado funcionamiento de los centros sanitarios públicos en España. Más allá de los lógicos paros, protestas, movilizaciones e, incluso huelga, que preparan los sindicatos médicos, de enfermería y de auxiliares, por una rebaja salarial que acorta nada más y nada menos que en un 7 por ciento las retribuciones de los primeros y en un 5,5 por ciento las del segundo colectivo, las consecuencias de la bajada van a ser dramáticas para la calidad de la asistencia que se presta en España, consolidándose así un proceso de degradación que parece ya imparable desde hace muchos meses. Las razones que justifican tal aserto son evidentes, y se escuchan estos días en boca de los principales representantes de los sanitarios en España, que hablan textualmente durante sus reuniones de que “a nosotros nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo”.
Aunque no conviene generalizar, lo lógico es que la rebaja salarial dispare mucho más aún, si cabe, la desmotivación de los profesionales, lo que se traduce en que un importante grupo de trabajadores se limitará a partir de ahora a cumplir la jornada y sus obligaciones laborales, sin ir más lejos ni buscar más complicaciones. En el plano estrictamente médico, las traducciones son múltiples. Al margen del nuevo éxodo que con toda probabilidad se producirá hacia hospitales y centros de salud extranjeros en busca de los salarios dignos que aquí se niegan, los facultativos que decidan permanecer en España tendrán que hacerlo bajo unas condiciones draconianas que no contribuyen en nada a mejorar la sanidad: la congelación de las plantillas, la proliferación de contratos basura, la injusticia cometida con los mestos, la competencia con médicos foráneos de cualificación no siempre debidamente acreditada, la creciente presión asistencial y la persecución política de algunos gerentes ofuscados, se entremezclarán con el ‘tijeretazo’ gubernamental pergeñado desde la Vicepresidencia Económica de Elena Salgado. La conclusión será doble: por un lado, va a producirse un notable incremento de las listas de espera tanto diagnósticas como quirúrgicas en todos y cada uno de los servicios de salud del país. Por otro lado, se multiplicará la petición de pruebas diagnósticas, disparándose así de nuevo el gasto sanitario. Todo peor, en definitiva, para los enfermos, y peor para las arcas públicas, que verán que lo comido se irá por lo servido y que tendrán que pagar por un lado lo ahorrado por el otro.
Una vez más, tiene razón Ana Pastor al lamentar la medida. La congelación e, incluso, reducción salarial de los funcionarios puede ser positiva para la maltrecha economía española. Pero no debe aplicarse nunca a colectivos como el de los médicos o las enfermeras. Es el detonante para que el sistema termine de estallar por los aires ante la mirada átona del anodino Ministerio de Sanidad. Julio Zarco, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), habla también con tino de la degradación de la imagen social del médico, encadenado a un régimen funcionarial que desincentiva su ejercicio profesional y le hace perder prestigio ante la ciudadanía. El sistema se desangra. ¿No es ésta una forma lamentable de dañar de forma irreparable la sanidad pública?
