ANDALUCÍA/ Dictamen positivo del CES andaluz a la ley de salud pública regional
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La norma “avanza y profundiza” en esta área desde una visión integral y transversal
El Consejo recomienda definir mejor y garantizar la participación de la ciudadanía
REDACCIÓN
Madrid
Una iniciativa legislativa que avanza y profundiza en la Ley de Salud de Andalucía, desarrollando en una gran norma general todos los aspectos relativos a uno de los derechos más importantes para la ciudadanía: el de la salud pública, tanto individual como colectiva y desde una perspectiva integral y transversal.
Con este dictamen ha aprobado por unanimidad el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de Ley de Salud Pública remitido por la consejería andaluza y del que se ha ocupado la Comisión de Trabajo de Políticas Sociales de este órgano.
El CES considera que, hasta ahora, la ley estaba “muy centrada” en aspectos asistenciales lo que, unido al tiempo transcurrido desde su aprobación, hacía necesario abordar otra regulación basada en un concepto más amplio del término salud, incluyendo además la promoción, la prevención y los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, también matiza determinados aspectos como que se trata de un anteproyecto “excesivamente ambicioso” que deja “demasiadas cuestiones pendientes” de posterior desarrollo reglamentario. Así, apunta a que es necesaria una rigurosa concreción de contenidos y procedimientos relacionados con la salud medioambiental y laboral, para evitar “duplicidades” y posibles conflictos competenciales entre las consejerías o con las entidades locales. En este sentido, ante la obligación de determinados proyectos a someterse a un informe de impacto de salud, el Consejo recomienda integrar este procedimiento en los sistemas de autorización regulados por la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
También aboga por una mayor definición respecto a las medidas disciplinarias provisionales o cautelares sobre la gestión del riesgo para la salud de las empresas y reclama más claridad a la hora de garantizar la participación de la ciudadanía y de establecer los límites y la transparencia del derecho al acceso a la información. En cuanto a la organización de la salud pública, el dictamen considera que la adecuación y reestructuración que precisa el sistema no pasa por la atomización, sino por la unificación de las agencias.