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REDACCIÓN
Madrid
Tras su declaración en los juzgados madrileños de plaza de Castilla la semana pasada, el director general de Seguros, Ricardo Lozano, tendrá que volver a la misma sala tras la admisión a trámite de dos nuevas querellas criminales. En la primera de ellas la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) le acusa de un delito de calumnias y otro continuado de prevaricación por unas declaraciones en las que acusaba al Consejo de la aseguradora de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas.
En la segunda, el ex presidente y dos antiguos consejeros de AMA acusan a Lozano de ejercer actividades prohibidas a funcionarios, vulnerando el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, Versus AFL, que apodera su mujer, Ana Isabel Fernández, y que se dedica a la realización de trabajos y gestiones administrativas de apoyo a empresas y a la comercialización de sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, según ha explicado la mutua en un comunicado.
AMA insiste en que Lozano también actuó de forma ilegal según lo expuesto en su primera declaración, en la que indicó que había solicitado un dictamen de los servicios jurídicos del Estado para ejecutar la inhabilitación de los tres directivos de la mutua, cuando este supuesto sólo puede aplicarse cuando no quepa recurso de casación, que no es el caso de los tres directivos de la mutua. Al cierre de esta edición, GM no ha podido recabar la opinión de la Dirección General de Seguros.
