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Madrid/ Los profesionales piden a la consejería que paralice y reconsidere las medidas del Plan de sostenibilidad escuchando sus propuestas

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MÓNICA RASPAL Madrid | viernes, 09 de noviembre de 2012 h |

Aunque el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que no va a dar marcha atrás en la externalización de los servicios sanitarios de algunos centros hospitalarios de la región —pues entiende que esta medida va a “mejorar” las condiciones y la eficacia del servicio con un coste menor—, la Consejería de Sanidad sí parece abierta al diálogo e incluso a matizar o reconsiderar algunas de las medidas incluidas en el “Plan de garantías para la sostenibilidad del sistema público”.

Al menos así lo han percibido en el Colegio de Médicos de Madrid tras mantener una reunión y varias conversaciones con el departamento de Javier Fernández-Lasquetty en las que le han expresado su “rotunda oposición” a unos proyectos que no han tenido en cuenta la opinión de los profesionales. Según la vicepresidenta de esta corporación, Ana Isabel Sánchez, Sanidad ha aceptado crear grupos de trabajo para escuchar sus propuestas y reconsiderar los cambios planteados para aplicarlos de forma más gradual y consensuada, una promesa en la que confían sin plantearse otro tipo de actos de presión que no pasen por el diálogo.

Así, las mesas de Atención Especializada y Hospitales y de Primaria y la vocalía de Médicos en Formación se muestran contrarias a la transformación del hospital de La Princesa y del Carlos III —pues no se ha previsto qué ocurrirá con las unidades de referencia de estos centros—, a la externalización de la gestión del personal sanitario de los hospitales públicos y del 10 por ciento de los centros de salud —que supondrá una “reducción” de las plantillas, el “despido encubierto” de un gran número de interinos y eventuales y la pérdida de potencial docente y formación continuada— y a la tasa de un euro por receta —que afectará de forma “negativa” al cumplimiento terapéutico.

Frente a ello, el colegio propone la creación de unidades de referencia, la coordinación entre niveles y la extensión de la receta electrónica y la monodosis, así como la concienciación del ciudadano del uso racional de la urgencia y del medicamento, soluciones que realmente abaratan los costes y mejoran la calidad. Además, apoya la autogestión de los centros de salud desde el actual modelo de área única pues considera que cualquier otro modelo precisa de un desarrollo normativo previo y de tiempo suficiente para ser implantado.

Menos optimistas, tanto los miembros del Foro de la Profesión Médica —que forman OMC, CESM, Facme, CEEM, Cnecs y Decanos— como de las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial —Amyts, Satse, CC.OO., CSIT Unión Profesional, UGT y USAE— han manifestado su rechazo a todas y cada una de las medidas anunciadas pidiendo también su retirada.

Los primeros creen que son especialmente duras con los más débiles, que incrementan la inseguridad jurídica de los profesionales con despidos, pérdidas retributivas, traslados forzosos y cambios de jornada —sin ir precedidos de las negociaciones correspondientes— y que atentan contra la formación de grado y posgrado de los futuros médicos sin ofrecer soluciones ni garantías alternativas.

Los sindicatos, por su parte, critican lo que consideran una “ofensiva privatizadora” sin precedentes en el sistema público que además “dinamita” las condiciones laborales de los sanitarios, por lo que llevarán a cabo “cuantas acciones sean necesarias” para paralizar el proyecto durante la tramitación de la Ley en la Asamblea regional y reclamarán la apertura de un proceso de diálogo y negociación para lograr un acuerdo que sea refrendado por los profesionales.

Con este objetivo, los delegados de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) han presentado también un escrito en la sede del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), concentrándose posteriormente en sus puertas, para denunciar este intento de “desmantelar” el sistema de forma “unilateral” y rechazar el “profundo desprecio” mostrado hacia los profesionales, que son los que “más y mejor” conocen las ventajas y defectos de este servicio público, así como sus deficiencias e ineficiencias. Por su parte, los trabajadores de La Princesa y del Carlos III han comenzado ya los encierros para protestar contra el cambio del modelo de ambos centros, actualmente de referencia en investigación sanitaria, actos que se han extendido a los próximamente “externalizados” —el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, Infanta Cristina, el del Henares, el del Sureste y el del Tajo.

Como respuesta a estas críticas, Fernández-Lasquetty ya ha mantenido reuniones con la Junta Técnico-Asistencial del Carlos III para diseñar la adaptación del centro a un hospital de media instancia en los “próximos meses” contando con la colaboración de los profesionales y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para definir los elementos necesarios para impulsar la especialización y la eficiencia en la atención sanitaria a las personas mayores en La Princesa de forma “progresiva”, aunque la Junta del centro se muestra “moderadamente optimista” sobre sus posibilidades de seguir siendo un hospital general tras el “acercamiento” que se ha producido entre ambas partes. En esa idea trabajarán conjuntamente en el marco de una mesa técnica con la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño.