CONGRESO/ Apuestan por definir los criterios de priorización, evaluar y monitorizar los tratamientos en la gestión de adquisición de fármacos
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Gilabert aboga por buscar el beneficio conjunto de industria, Administración y sociedad a través de modelos colaborativos innovadores
Maldonado incide en que estos servicios deben asumir el liderazgo de la Comisión de Farmacia y Peiró resalta el valor social del medicamento
MÓNICA RASPAL
Madrid
La Administración tiene una asignatura pendiente, ser capaz de basarse en resultados en salud, evaluando y monitorizando los tratamientos, para hablar de la gestión farmacéutica como una inversión en lugar de un gasto.
Para ello es necesario definir bien los criterios de priorización, generar registros de datos clínicos y realizar un seguimiento de los pacientes como ha hecho Cataluña, con un plan de acceso a los nuevos medicamentos hospitalarios, un mercado que en esta región ha aumentado desde los 100 millones de euros que supuso en el año 2000 a los 700 actuales y que, en muchos de los tratamientos —por ejemplo, con fármacos biotecnológicos, huérfanos o para situaciones excepcionales—, provoca dificultades de acceso e inequidades entre la población por la falta de información sobre su efectividad y seguridad, según expuso Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Instituto Catalán de la Salud (Catsalut), durante una de las mesas del 17 Congreso Nacional de Hospitales celebrado en Madrid.
En su opinión, este incremento requiere de medidas adicionales que van más allá de la mesogestión, acciones que sean “coherentes e integradas” en un marco global —no “parches”— y que pasen por controlar el acceso —aunque “estén de moda” los recortes—, minimizando las incertidumbres y la variablidad.
Corresponsabilidad
Para Gilabert el futuro está en buscar el beneficio conjunto de industria, Administración y sociedad con modelos colaborativos “innovadores” que apuesten por la corresponsabilidad entre los agentes, el consenso clínico, la protocolización, la gestión y la eficiencia y los sistemas de información, que darán como resultado contratos con los proveedores, incentivos y acuerdos de riesgo compartido.
Integrar al farmacéutico en los equipos asistenciales de toma de decisiones y posibilitar que estos servicios asuman el liderazgo férreo en la Comisión de Farmacia y Terapéutica del centro —la única que asesora a la Dirección— es otra de las claves, según Javier Maldonado, director gerente del Ramón y Cajal de Madrid, en un escenario en el que las necesidades están cambiando el modelo de gestión en la adquisición de medicamentos y en el que, en su opinión, hay que apostar por los ensayos clínicos.
“Si queremos optimizar los tratamientos, aumentar el nivel de salud de la población, medir el impacto en resultados y mejorar el acceso en los recursos necesitaremos profesionales cualificados”, insistió, consciente de que este cambio “no es neutro ni gratis”.
Aludiendo a la experiencia de su hospital, las líneas estratégicas se han definido en base a la seguridad, la innovación tecnológica, la gestión farmacoterapéutica, la gestión de adquisiciones de fármacos y la investigación. Con ello el centro ha pasado a tener un 100 por cien de prescripción electrónica, de dosificación unitaria y de sistemas automatizados, lo que ha ido aportando valor a la organización y ha mejorado el servicio. Sin embargo, resalta como fundamental el papel asesor de la Comisión de Farmacia a la hora de tomar decisiones como, por ejemplo, los subgrupos correspondientes a indicaciones no aprobadas en ficha técnica, cuestiones que, a su juicio, deben asumir los profesionales y no un director o un gerente.
“Valor social” del fármaco
Por su parte, Salvador Peiró, jefe del Área de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia resaltó que la innovación tecnológica y en medicamentos es “extraordinariamente rentable” si se tiene en cuenta su “valor social”. Aunque muchos estudios apuntan a que los fármacos han tenido una contribución “residual” en las grandes reducciones de mortalidad, Peiró señaló que sí han añadido beneficios a la salud pública y a la calidad de vida, teniendo en cuenta las pérdidas productivas evitadas y las mejoras que han supuesto para la sociedad respecto a lo que ya tenía.
Además, alertó de que muchos tienen beneficios y costes diferentes según los entornos, con “enormes” variaciones entre comunidades autónomas y dentro de éstas, a lo que hay que sumar que, en ocasiones, dichos beneficios se pueden escapar por las rendijas o exclusas del uso inadecuado.
