EEUU/ Ante la oposición republicana y las reticencias demócratas, Obama podría rebajar su proyecto inicial de universalizar la sanidad
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La propuesta del Comité de Finanzas sustituye la opción pública por la creación de cooperativas privadas que ofrezcan seguros competitivos
El enorme poder de las compañías de seguros de salud ha hecho fracasar planes anteriores como el del ex presidente Bill Clinton
MÓNICA RASPAL
Madrid
Ahora o nunca. Estados Unidos es la única democracia avanzada del mundo, la única nación rica, en la que 14.000 ciudadanos cada día pierden su seguro sanitario —y ya son más de 40 millones— y en la que miles de ellos acaban en la bancarrota por no poder pagar la factura del médico.
Con este mensaje, el presidente americano, Barack Obama, trató de remover las conciencias de la clase política durante la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado, donde trató de recuperar la iniciativa política en la que se ha convertido sin duda en una de sus promesas electorales más complicadas de sacar adelante. Pero, para la Casa Blanca, es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Es ahora o nunca, y en este empeño el presidente no ha dudado en poner en juego todo su prestigio político. Y es que son muchos los analistas que coinciden con su afirmación de que el sistema sanitario estadounidense está “roto” pues el gasto absorbe más del 16 por ciento del PIB —más del doble del promedio de los países industrializados— cuando la esperanza de vida es inferior a la media occidental y la mortalidad infantil superior.
Además, teniendo en cuenta que la sanidad pública sólo cubre a mayores de 65 años y a los pobres y discapacitados, mientras que el resto no dispone de seguro o tiene un seguro privado —que le proporciona su empresa o se costea él mismo—, Obama ha advertido de que la mitad de los estadounidenses menores de 65 corren el riesgo de perder su cobertura médica en los próximos diez años —según los resultados de un estudio del Departamento del Tesoro—.
Sin embargo, su propuesta de una póliza pública que compita con las compañías privadas se ha topado no sólo con la oposición republicana, sino con el escepticismo de las filas demócratas y de una población dividida —un 55 por ciento de apoya esta opción pública, según la última encuesta publicada en el diario The Washington Post—. Los más conservadores temen que eleve la deuda nacional y advierten de que muchas empresas dejarán de asegurar a sus empleados, por lo que éstos perderán prestaciones. No les convence la apuesta de la Casa Blanca por un sistema más eficiente que limite, por ejemplo, las subvenciones públicas a los hospitales, donde se realizan un número “excesivo” de pruebas con la única finalidad de aumentar beneficios, según una de las conclusiones de un informe del Instituto de Política Sanitaria de Darmouth.
Buscando el consenso
Así, aunque el objetivo inicial del presidente era sacar adelante el proyecto a finales de este año, optó por la negociación para alcanzar el mayor consenso posible entre demócratas y republicanos, dentro de las diferentes propuestas surgidas en las comisiones creadas en el Congreso y el Senado. La última en conocerse ha sido la del Comité de Finanzas del Senado, presidido por el demócrata Max Baucus, que no incluye la opción de seguro público y reduce ligeramente los costes propuestos por el presidente para los próximos diez años (865.000 millones de dólares frente a más de un billón), que saldrían íntegramente de reducciones en el “despilfarro” actual y de nuevos impuestos que afectarían especialmente a las compañías de seguros.
Esta propuesta sí obligará a todos los estadounidenses a tener un seguro, castigando con multas de más de mil dólares a los que no lo hagan, y ayudará con subvenciones a aquellos que no puedan asumir el coste, expandiendo el sistema Medicaid (programa que cubre a los que viven en extrema pobreza) y extendiendo así la cobertura a más de 30 millones de ciudadanos de los 47 que carecen de ella.
El Estado además favorecerá la creación de cooperativas sin ánimo de lucro que ofrezcan seguros privados en condiciones más competitivas que las de las aseguradoras que no podrán, como hacen en la actualidad, rehusar la financiación de determinados tratamientos o rechazar a un usuario por sus enfermedades previas .
Aunque este texto pretende desbloquear la parálisis actual, los republicanos del comité (y también algún demócrata) no han mostrado aún su conformidad con la redacción actual por lo que el debate, lejos de cerrarse, se vaticina largo e intenso para las próximas semanas. Los más progresistas de las filas demócratas no parecen dispuestos a renunciar a la idea del seguro público de salud, pese a que el propio Obama no ha querido convertir este aspecto en un requisito imprescindible para sacar adelante “el gran asunto inacabado de la sociedad americana”, según palabras del fallecido senador Ted Kennedy, uno de los mayores defensores de la universalización de la sanidad.
De hecho, los intentos de reforma se han sucedido desde principios del siglo XX, siendo la propuesta más audaz —pues aunque no saló adelante sí hizo mella en la opinión pública— la llamada Ley de Seguridad Sanitaria (Health Security Act) propuesta durante el mandato del presidente Bill Clinton en 1993. El cambio esencial de este proyecto radicaba en obligar a los empresarios a pagar el 80 por ciento del coste del seguro médico de todos los empleados que trabajasen más de diez horas semanales, siendo asumido el 20 por ciento restante por los trabajadores.
Así lo explica Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del equipo de expertos que trabajaron en esta ‘reforma Clinton’ cuando fue retomada por la esposa del ex presidente, Hillary Clinton, dentro de su programa electoral para las presidenciales de 2008. Según Navarro, el objetivo era la universalización del derecho de acceso a los servicios sanitarios, asignando a cada ciudadano y residente una tarjeta sanitaria que le permitiera acceder a cualquier proveedor de servicios médicos.
Poder de las aseguradoras
El fracaso de este plan y de otros previos se debió, a juicio del catedrático, al enorme poder de las mayores beneficiadas del sistema privado, las compañías de seguros sanitarios, un poder que se materializa a través de sus aportaciones a las campañas electorales de los políticos de uno u otro signo de lo que se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a ellas. Por ello las propuestas que se están barajando en el momento actual significarían, según Navarro, un “paso adelante” pero “insuficiente” para resolver el enorme coste del sistema y su deficitaria cobertura universal de los beneficios sanitarios. A su juicio, las compañías de seguro privadas continuarán dominando la financiación y la gestión sanitaria, con el enorme coste administrativo que ello implica.
De ahí la propuesta de la izquierda de un pagador único según el cual el sector público contrataría a los proveedores para la provisión de servicios, disminuyendo o eliminando los intermediarios, evitando los enormes costes administrativos que conllevan, así como la selección de la población a la que sirven.
