aborto/ La OMC propone que sean los colegios los que creen los registros de objetores

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El ministerio no tiene previsto una regulación general por ley sobre la objeción

Pese al rechazo, todas las autonomías, incluida Murcia, acatarán la ley

| 2010-07-09T17:47:00+02:00 h |

J.G.

Madrid

Los recelos del sector médico —sobre todo, con los registros de objeción de conciencia— y la ruptura de la armonía entre las comunidades autónomas que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo suscitó en el último Consejo Interterritorial se han visto de nuevo reflejados con la entrada en vigor la semana pasada del controvertido texto.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, vuelve a incidir en la situación de “inseguridad jurídica” en la que la nueva ley pone a los médicos, que deberán decidir sobre el aborto de las menores que no quieran informar a sus padres alegando problemas de violencia familiar.

Para Rodríguez Sendín, el “error” de la norma es que “está mal diseñada” y “no acota los límites” con claridad, presentando “una situación mal definida” en la que “se escurre el bulto de una forma demagógica” en el tema de las menores con problemas, cargando con toda la responsabilidad al facultativo.

El presidente de la OMC argumenta que el médico “no debe ser el responsable único” de esta determinación pese a ser “el profesional mejor posicionado” para ello. No obstante, reconoce que no sabe quién debe ser el último responsable. A su juicio, el desacuerdo de criterios entre el médico y los padres de la menor podría poner al profesional en una situación de “indefensión jurídica”, incluso hacerle víctima de la violencia que vive la menor en su hogar.

Preocupa mucho a los profesionales sanitarios cómo se va a regular la objeción de conciencia y los registros que autonomías, como Castilla-La Mancha, han puesto en marcha. Rodríguez Sendín aclara que no cabe objetar en el caso de la decisión sobre las menores con problemas familiares que quieran abortar. No obstante, para todas las prácticas susceptibles de objeción pide una ley con carácter general y propone como solución alternativa que sean los colegios de médicos los que creen los registros de objetores voluntarios y confidenciales, que sólo se usarán si el médico lo demanda.

Sobre esta norma general, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aclara que no está prevista una regulación con carácter general por ley, dado que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce este derecho a los profesionales sanitarios.

Listas negras

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Luis Rodríguez Padial, teme que el registro de profesionales sanitarios objetores del Sescam pueda convertirse en una “especie de lista negra” que pueda llegar a discriminar a algunas personas.

Además, ha mostrado su sorpresa ante la creación del registro porque la consejería no les ha consultado “y para otras cosas nos suelen consultar”. Por ello, adelanta que los colegios de su comunidad tienen pensado expresar su malestar a la consejería por no haber sido informados. Según sus palabras, este registro “más o menos trata de cumplir lo que dice la ley”, aunque aclara: “La ley no establece claramente que se deba hacer un registro”.

El presidente del colegio manchego, que no ve razonable que sea el médico quien decida si la joven tiene algún problema con los padres, cree que al registro deberían acceder no sólo los facultativos especialistas en Ginecología y Obstetricia, sino también los anestesiólogos, enfermeras y matronas.

Acatar la ley

A pesar de mostrar su rechazo, la s autonomías gobernadas por el PP acatarán la ley, incluida Murcia, muy díscola en un primer momento. Su presidente, Ramón Luis Valcárcel, después de conocer que el Tribunal Constitucional no tiene opción de suspender la aplicación de la ley, finalmente ha señalado que acatarán la ley pero por “imperativo legal” y no porque esté de acuerdo con ella, ya que “sus efectos son irreversibles”. Además, el ministerio tuvo que requerir por carta a esta región que adoptara las medidas oportunas para, de manera inmediata, dar efectividad a la entrada en vigor de la ley. Murcia alegó problemas de naturaleza “técnica, formal y jurídica” a la hora de aplicar la ley como, por ejemplo, las dificultades en cómo dar la información que sea precisa a la mujer que decide interrumpir su embarazo y el plazo para la acreditación de las clínicas concertadas que realizan el aborto. Incluso no descarta derivar a otras comunidades a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y que entren en los nuevos conceptos contemplados por la ley, como hace Navarra.

Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, hizo hincapié en que respetarán y preservarán el derecho de los profesionales —médicos y enfermeras— a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia. A su juicio, a los efectos de la objeción de conciencia, la situación es la misma que desde 1985 cuando entró en vigor la ley del aborto.