CARMEN M. LÓPEZ Madrid | viernes, 22 de enero de 2016 h |

En las últimas semanas los recursos contra el decreto de prescripción enfermera y la suspensión cautelar del apartado 2 del artículo 3 se han ido acumulando en el Tribunal Supremo y todo apunta a que seguirán llegando nuevos en las próximas semanas.

De momento los que hay presentados han sido admitidos a trámite, lo que significa que el ministerio de Sanidad tiene un plazo limitado para aportar toda la documentación al respecto.

Sin embargo, no todas las apelaciones contra el Real Decreto 954/2015 tienen los mismos fundamentos.

Por un lado, los recursos presentados por CC.OO., UGT y CSI-F exponen que “la norma ha sido aprobada sin la necesaria negociación con los sindicatos, invadiendo competencias del Ámbito y vulnerando la Ley de Libertad Sindical”. Además, consideran que el borrador que llegó al Consejo de Estado durante el trámite de consultas no se corresponde con el que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. Y por último, indican que la norma exige como requisito para la prescripción de medicamentos una formación adicional —un curso de 180 horas, equivalentes a seis créditos ECTS— que, desde el punto de vista de estas organizaciones sindicales, no es necesaria, puesto que los contenidos ya están incluidos en el periodo de formación universitaria.

Por otra parte, el recurso del Consejo General de Enfermería (CGE) se centra en el párrafo segundo del artículo 3, apartado 2 de la normativa, pidiendo su suspensión cautelar.

Tanto la organización enfermera como el sindicato Satse centran su recurso en este artículo, que establece que para que estos profesionales usen un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el correspondiente profesional prescriptor —el médico— haya determinado previamente el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir. Esta nueva redacción del texto “altera radicalmente”, a juicio del CGE, el sentido y contenido del texto legal, introduciendo requisitos y previsiones no contempladas en la Ley del Medicamento, norma de rango superior que regula esta competencia enfermera.

A lo largo de sus 25 páginas, el recurso lleva a cabo un análisis exhaustivo de las “importantes y nefastas” consecuencias que está suponiendo, que van desde un retraso en la atención y deterioro de la calidad asistencial, conflictos entre profesionales. Además, enumera múltiples actuaciones sanitarias hasta ahora realizadas por los enfermeros “en connivencia con toda la sanidad” y que, sin embargo, tras la entrada en vigor del artículo 3.2. del RD, se han visto negativamente afectadas.

A la espera de las CC.AA.

De todas las comunidades autónomas contrarias al RD, solo Baleares es la que está más cerca de recurrirlo en los próximos días. El Consejo de Gobierno balear autorizó, hace unas semanas, a la Abogacía de la Comunidad a interponer, ante el TS, un recurso contencioso administrativo contra la normativa. El Gobierno Balear defiende la capacitación de los enfermeros. Por otra parte, aunque Cantabria, Extremadura, Navarra, Valencia y Andalucía también anunciaron la intención de recurrir, queda pendiente que se materialice.

En el caso de Andalucía el recurso iría por la vía del Tribunal Constitucional, al contar con una normativa propia al respecto. Así el consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, advirtió de que la revisión del texto y “si el texto invade competencias de la Junta, se recurrirá ante el Constitucional”. En cualquier caso, las comunidades decididas a impugnar la normativa no han dado el paso. Es por ello, que en el caso andaluz, Satse ha reclamado al SAS y a la propia Consejería de Salud que “deje de demorar la impugnación”y exija la suspensión cautelar de la aplicación del art 3.2, pues “es la única fórmula para paralizar su aplicación efectiva y el retroceso que implica para el desarrollo profesional de la enfermería”.

En cualquier caso, el sindicato enfermero ha advertido a algunas administraciones que no pueden evitar la aplicación íntegra del RD en su territorio, todo ello a raíz de que algunas autonomías han llegado a sugerir a sus profesionales que la normativa no es aplicable.

Lo ideal sería que todos los recursos llegaran prácticamente en las mismas fechas, así lo reconocen fuentes de la Mesa Estatal de Enfermería. Como señala el director de asesoría legal del CGE, Francisco Corpas, todo dependerá de si estos distintos planteamientos son unificables para conseguir una única resolución. En cualquier caso, si todo sigue su curso los enfermeros también se presentarán como testigos en los pleitos de las comunidades autónomas. Ahora falta esperar que las administraciones cumplan con lo que prometieron en campaña electoral.