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Jornada/ Expertos y pacientes abogan por proteger la salud pública frente a la amenaza real de los ajustes en el sistema sanitario público

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Francisco rosa Madrid | viernes, 08 de junio de 2012 h |

La sucesión de recortes en el área sanitaria que aplica el Gobierno que preside Mariano Rajoy se ha convertido en un motivo de preocupación para expertos y pacientes, como quedó reflejado en la mesa de debate que organizaron Fundamed y la Alianza General de Pacientes (AGP) el pasado 6 de junio en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Bajo el título “¿Cómo los recortes en materia de sanidad están afectando a la salud de los pacientes?”, el encuentro, que estuvo moderado por Bartolomé Beltrán, director de Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena 3, aglutinó las impresiones de distintos colectivos y personalidades del sector, que coincidieron en la máxima de que “no se puede anteponer la crisis económica a la salud de los pacientes”.

En este sentido, el presidente de Fundamed, Enrique Sánchez de León, que fue el encargado de inaugurar el turno de palabra tras una breve intervención del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, defendió que el derecho a la salud, “aunque no está contemplado entre los derechos fundamentales, está reconocido por la Constitución”, por lo que los poderes públicos están obligados a protegerlo. “Este debate está en todo el mundo, ya que la crisis es global”, admitió.

Incertidumbre sobre el RDL

Por su parte, la vicepresidenta de la Alianza General de Pacientes (AGP), Isabel Calvo, reconoció la preocupación que existe ya en la sociedad ante las medidas adoptadas y las que están por llegar. “Estamos a la espera de saber qué va a pasar con el desarrollo del RDL, porque no sabemos si las familias van a poder asumir nuevos costes. Pensamos que habrá muchas que no podrán”, dijo.

Pese a ello, cabe señalar que no es solo el desarrollo y aplicación de las medidas incluidas en el RDL 16/2012 la cuestión que tiene en vilo a los pacientes. En la actualidad, algunas comunidades autónomas están poniendo trabas al acceso a determinadas novedades terapéuticas, principalmente en las áreas de hepatitis C, anticoagulantes, así como en cáncer de próstata, enfermedades todas ellas con altas tasas de mortalidad asociada y que requieren por ello de una atención adecuada.

A este respecto, fue Sánchez de León el que mantuvo una postura más rotunda, al afirmar que “es inadmisible e intolerable que existan tratamientos que han sido aprobados y no se puedan prescribir ni dispensar”. Concretamente, en el campo de la hepatitis C “hay nuevos medicamentos que curan la enfermedad y que en algunas comunidades se están denegando, o como mínimo se está demorando el acceso”, denunció Carmen Varela, presidenta de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis C (Asscat). En su opinión, para cambiar esta realidad solo existe una vía: “la unión de los afectados por esta enfermedad para luchar todos juntos”.

Aunque si hay un caso paradigmático en cuanto a las limitaciones de la administración al acceso a las novedades terapéuticas es el de los anticoagulantes. Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan), criticó el hecho de que determinadas autoridades autonómicas hayan decidido “limitar su uso a un grupo determinado de pacientes”. Para subsanar este problema, exigió la “homogeneización” de la política sanitaria para terminar con las inequidades, la “no limitación de la aplicación de tratamientos recomendados por la OMS (como es el caso de los nuevos anticoagulantes orales) por motivos económicos”.

Sobre este punto fue Paulino Cubero, ex presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), el que aportó una experiencia discordante: “En Madrid, los médicos podemos prescribir lo que queramos, no existen limitaciones. En el caso de los anticoagulantes, por ejemplo, el problema es el desconocimiento por parte de los médicos. Lo que hay son indicaciones para hacer un uso racional de los medicamentos, sin que sean muy estrictas”.

Otra de las aportaciones destacadas fue la que hizo Carmen Aleix, presidenta de la Federación Española de Ictus, quien anunció la presentación de una denuncia por la vía penal ante la Fiscalía de Cataluña, por entender que el Gobierno, con la restricción de la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica está dejando desprotegidos a muchos pacientes, lo cual, según interpretan desde este colectivo, vulnera el Artículo 542 del Código Penal. Sobre este particular opinó Sánchez de León, quien, pese a no compartir las políticas de recortes en el área de la Sanidad, consideró que “no se puede hablar en términos delictivos” de estas actuaciones, aunque reconoció que podrían constituir infracciones desde un punto de vista moral.

Seguidamente, y también en relación con los anticoagulados, fue Ignacio Fernández, presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el que reivindicó nuevas acciones a las autoridades sanitarias que ayuden a gestionar mejor esta patología. Así, señaló la necesidad de elaborar registros, algo en lo que el ministerio no parece muy entusiasmado. “Nos han llegado a comprar algunos que hemos elaborado nosotros mismos”, dijo, para anunciar que desde la SEC comenzarán próximamente a elaborar uno con anticoagulados, una iniciativa que aplaudió el presidente de Fundamed.

Por otro lado, se aludió a otra enfermedad en la que se están dando dificultades para acceder a nuevos tratamientos, como es el cáncer de próstata. En este sentido, Carlos Hernández, Coordinador Nacional del grupo de Endoscopia de la Asociación Española de Urología (AEU), admitió que las “nuevas opciones son caros”, por lo que es preciso acotar a la población receptora.

Los visados

Estos criterios economicistas, aunque elevados a su máxima potencia, son los que están prevaleciendo en la generación de visados para la prescripción, algo con lo que Sánchez de León se mostró en total desacuerdo. “Los visados se concibieron como una forma de control en base a criterios terapéuticos, pero se han convertido en un sistema de control económico”, denunció.

Con estos mismos criterios se están adoptando los recortes en el campo de los recursos humanos. Tanto es así que Rafael Lletget, director general del Consejo General de Enfermería, advirtió que “pronto el problema dejará de ser el coste de los medicamentos, ya que no habrá médicos y enfermeros para prescribirlos”. Para solventar esta y las demás cuestiones que se ciernen sobre el SNS, los ponentes coincidieron en la necesidad de democratizar la toma de decisiones en el ámbito sanitario, en vez de recurrir a la vía del decreto, como ha ocurrido en los últimos años. Esta reivindicación, que ha sido lanzada en múltiples ocasiones por la AGP, fue articulada por Sánchez de León, quien afirmó que “la democracia está ausente en el sistema sanitario”.

Desde Somamfyc se asegura que en la Comunidad de Madrid no existen restricciones a la prescripción

Pacientes y sociedades científicas piden al Gobierno que se les tenga más en cuenta en la toma de decisiones