Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Las corporaciones de derecho público que actúan como estandarte de los profesionales sanitarios en España atraviesan la situación más negra de toda su historia. Su momento crítico responde a razones endógenas por todos conocidas, que vienen arrastrándose desde hace tiempo ante la mirada complaciente de muchos de los dirigentes. Su pérdida de identidad en los últimos años ha corrido pareja a su escasa representatividad de cara a los colegiados a los que supuestamente deberían liderar, aunque existen honrosas excepciones a esta regla en la mayor parte del colectivo farmacéutico, el consejo y numerosos colegios de enfermería, y en varios colegios oficiales de médicos desperdigados por la geografía española. La puntilla de estas corporaciones puede llegarles en cambio por motivos exógenos que se han intensificado precisamente a raíz de esa debilidad interna que parecen mostrar muchas de las organizaciones.
En medio del debate sobre la colegiación voluntaria, y ante el desacierto manifiesto que están mostrando las principales corporaciones para actuar como un verdadero lobby de presión ante los auténticos focos de poder en España —obviamente, no lo son ni la ministra de Sanidad ni el presidente de Castilla-La Mancha—, la sentencia del Tribunal Constitucional que les priva de las competencias sobre acreditación de la formación continuada en el ámbito público es el jarro definitivo de agua fría que les faltaba, la mecha que puede encender la pólvora del punto final y, por qué no decirlo, el empujón definitivo para que la vicepresidencia económica que encabeza Elena Salgado —la misma que fue defendida a capa y espada en la estéril ley del vino— dé el paso definitivo e instaure en toda España un modelo a la andaluza que evaporaría la colegiación.
No es baladí, como bien apunta la Organización Médica Colegial (OMC), que un tribunal que tiene mayoría progresista hasta al menos junio de 2013 emita esta sentencia en momentos tan cruciales como los actuales, casi nueve años después de iniciarse la batalla judicial, mientras calla inexplicablemente ante el enfrentamiento que trata de apagar el dilema de esa colegiación voluntaria en algunas comunidades autónomas. Todas las miras apuntan hacia el mismo lado, en un proceso en el que prima más la causalidad que la casualidad. El caso es que, privadas de una competencia que podrían asumir perfectamente las sociedades científicas, y carentes de credibilidad entre sus representados, numerosas corporaciones de derecho público pierden sencillamente su razón de ser. Desde luego, no habrá masas de sanitarios en las calles clamando contra Salgado o Jáuregui si finalmente dan el paso hacia la descolegiación.
Los colegios, especialmente los de médicos, han fallado estrepitosamente durante los últimos años en su estrategia, y aquí están los resultados. Estos últimos han perdido la batalla de la prescripción ante sus colegas enfermeros y ante unas autonomías ávidas de enderezar a costa de ellos su nefasta gestión. Resulta curioso ver cómo ahora el poder socialista, materializado en el propio Gobierno y en los órganos jurisdiccionales, es el que le clava la puntilla a los mismos que le jalearon en los mayores momentos de gloria de José Luis Rodríguez Zapatero. La ya mencionada ley del vino es un ejemplo, pero existen decenas más. Y no menos curioso resulta ahora que varias de las organizaciones que protagonizaron el contubernio corran ahora solícitas a la calle Génova en busca de la ayuda de Ana Pastor y del propio Mariano Rajoy. ¡Qué cosas tiene la vida!
