Reformas/ La gestión hospitalaria se someterá a seguimiento y control presupuestario trimestral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

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E.m.C. Madrid | viernes, 04 de mayo de 2012 h |

En poco más de una semana, el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidirá si los planes de reequilibrio presentados por las comunidades autónomas en estos días les permitirán cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento para 2012, en el marco de las nuevas restricciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que acaba de entrar en vigor, o si serán necesarios nuevos esfuerzos, a pesar de la batería de medidas aprobadas en el último Consejo Interterritorial.

Sacrificios que no terminan de calmar la voracidad de los mercados en una semana con nuevas caídas de la Bolsa española y el sonido de fondo de agencias de calificación crediticia como Moody’s, que pese a reconocer el efecto positivo de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, ha sugerido que las comunidades tendrán que ahorrar colectivamente 16.000 millones de euros para cumplir su objetivo fiscal, por lo que, asegura, “serán necesarias más medidas significativas”.

En este panorama, las regiones han tenido que reformular sus planes iniciales, presentados entre febrero y marzo, tras conocer las cifras de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya que algunos de ellos se fundamentaban, según la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, “en las estimaciones ficticias del gobierno anterior”.

Al margen de los reproches, comunidades y ministerio los analizarán en su próxima reunión y decidirán si son aprobados o rechazados. Además, su contenido se hará público, disipando todas las dudas sobre los esperados ajustes adicionales, que, por ahora, apenas han detallado algunas de ellas, como Comunidad Valenciana o Baleares.

Pistas en el plan de reformas

Eso sí, pese a la opacidad informativa general, el Ejecutivo da algunas pistas sobre las líneas que apuntan estos planes de reequilibrio financiero autonómico en el Plan Nacional de Reformas 2012 presentado ante la Unión Europea. Dentro de las medidas de control en el ámbito sanitario propuestas por las comunidades, en el capítulo de gasto en personal, el documento cita de forma explícita la reducción de la cartera de servicios prestados, aunque sin entrar en detalles. Asimismo, resume otras iniciativas en marcha en algunas regiones, como la paralización de la carrera profesional, la reducción de las sustituciones, la reorganización de la atención continuada o el cierre parcial de hospitales, además de la eliminación de los periodos adicionales de descanso, por citar solo algunas. En el mismo apartado, y dentro del capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios que proponen estos planes, también se habla abiertamente de “ajustes en el precio de la farmacia hospitalaria”.

En cualquier caso, si el conjunto de medidas recogidas en estos planes no garantizan el cumplimiento del déficit, el gobierno, según la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, podría multar a las comunidades e incluso llegar a intervenirlas, a partir de septiembre, si ignoran el procedimiento de depósito y sanción por reiterados incumplimientos.

Fuera de las iniciativas que contemplan las comunidades para ajustarse al déficit, el plan de reformas también establece que se fijarán criterios que puedan servir para que las comunidades adopten medidas de eficiencia en la gestión, como determinar el número mínimo de pacientes por médico o por servicios, “para mantenerlo cumpliendo criterios de calidad”.

Asimismo, se plantea mejorar la eficiencia de la oferta sanitaria, a través de mejoras en la gestión hospitalaria. Sobre este punto se acordarán compromisos comunes en el Consejo Interterritorial, según el texto, y la gestión se someterá a seguimiento y control presupuestario trimestral por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que revisará mecanismos de compras.

El documento recuerda que las comunidades podrán ampliar su cartera de servicios básicos siempre que sean elevadas al Interterritorial y que puedan justificar que cuentan con financiación suficiente para acometerlas, garantizando la financiación de la cartera básica. De este modo se podría frenar que una comunidad con grandes retrasos en sus pagos intente ampliarla. En relación a las compañías farmacéuticas, el gobierno premiará a las que ajusten precios y participen en concursos públicos, garantizando el “pronto pago” a través del Ministerio de Hacienda, que descontará estas cuantías de las transferencias a las regiones.