A. l. S./ C. r. Madrid | martes, 24 de junio de 2014 h |

La relación entre la crisis y la salud ha sido parte fundamental de la agenda de los ministros de Salud europeos, especialmente desde que en diciembre de 2013 dieron el visto bueno a la Declaración de Vilnius, una gran alianza que reunió a la OMS con la Alianza Europea por la Salud Pública, el Foro Europeo de Pacientes y la Efpia para marcar líneas de acción con las que prevenir nuevos daños a los sistemas de salud europeos como consecuencia de la recesión económica.

Seis meses después, el Consejo de Ministros de Salud de la UE ratifica de nuevo esa preocupación en un documento de conclusiones sobre la crisis económica y la asistencia sanitaria acordado el 20 de junio. Son conscientes de que para afrontar la crisis hay que aplicar políticas que aumenten la rentabilidad y contengan los costes, pero también constatan sus efectos por dos vías: por un lado, ven con preocupación el impacto de las restricciones presupuestarias en los principales indicadores económicos como son los ingresos y el desempleo —ambos determinantes sociales de la salud—; por otro, entienden “que los amplios recortes en la prestación de asistencia sanitaria pueden afectar el acceso a la atención y tener consecuencias a largo plazo, en particular para los grupos más vulnerables”. De hecho, destacan que tanto el gasto social como en salud pública han caído y subrayan que, aunque muchos estados tienen cobertura universal, en la práctica hay problemas para acceder a los servicios de salud.

Trabajar en equipo e intercambiar información y buenas prácticas en el ámbito de la accesibilidad parece ser la clave para los ministros, que aunque defienden que la inversión en salud contribuye a la prosperidad, no terminan de hacer autocrítica. Pese a que existe un amplio consenso en mejorar el acceso a la asistencia sanitaria para las poblaciones más vulnerables, la declaración no hace referencia a la evaluación de las medidas llevadas a cabo en los estados.

Por otro lado, los ministros dicen tomar nota “con preocupación” de que los precios de muchos de los medicamentos innovadores son muy altos en relación con las capacidades de gasto de la mayoría de los estados miembros, lo que podría “desestabilizar” unos sistemas de salud ya de por sí debilitados.