A qué prebendas se refiere Juan José García, secretario general del Colegio de Médicos de Toledo, cuando denuncia la connivencia de la OMC con el Ministerio de Sanidad en materia deontológica?
Qué núcleo de la Sociedad Española de Ginecología se muestra en contra del código deontológico de la OMC y se plantea ignorarlo en materia de aborto?
Qué gerente de un hospital madrileño da por hecho que le van a cambiar antes del mes de octubre? ¿Por qué?
Qué presidente de una sociedad científica fue sondeado por una comunidad, para formar parte de su staff sanitario? ¿De qué forma argumentó la negativa?
A qué espera Facme para relanzar su marca, diluida como está dentro del Foro de la Profesión Médica?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Mientras las organizaciones que dicen representarles se entregan de forma descarada a un Gobierno socialista en caída libre, a cambio del mantenimiento de la colegiación obligatoria y otras prebendas, los médicos de a pie sufren un destrozo de su imagen y una pérdida de poder sin precedentes en la historia reciente de la Sanidad española. En breve tiempo, el Ejecutivo extenderá por toda España el modelo andaluz de prescripción por principio activo, lo que equivale a decir que las recetas serán teledirigidas por la Administración, como ya viene ocurriendo también en feudos como Cantabria o Castilla-La Mancha, en estos casos mediante el bloqueo informático de la prescripción. Más allá del hecho en sí, la medida incluida en un paquete improvisado de ahorro por Leire Pajín tiene relevancia máxima por lo que denota: una falta de confianza extrema por parte de la Administración hacia los médicos, a los que viene a considerar como meras correas de transmisión de los intereses más oscuros y crematísticos de la industria farmacéutica, cuando es ella misma la que autoriza los fármacos y fija los precios de los mismos, a veces, por cierto, exagerados y sospechosamente altos. ¿Qué hacen las organizaciones que dicen representar a los facultativos para atajar de raíz esta falacia y desmentir al Gobierno? Absolutamente nada. De hecho, aplauden al Ministerio cada vez que pueden junto con otras entidades afines a la izquierda sanitaria más rancia.
Pues sí. La Administración sanitaria lleva meses tratando de descargar sobre los médicos gran parte de la responsabilidad de la crisis económica que ella misma y el Gobierno han empeorado, mediante rebajas brutales de sus salarios —la paga extra de este verano deja ver en todos sus efectos el tijeretazo salvaje de hace un año— y satanizándoles por los supuestos fraudes cometidos en materia de bajas laborales, el gasto en medicamentos o el ingente dinero que absorbe el capítulo I, hoy tan en el punto de mira. El proceso, que encuentra como últimos hitos el cerco a las recetas para que dejen de consignarse marcas y los brutales recortes estivales de plantillas, que vendrán acompañados de otros mayores para cuadrar las cuentas hasta finales de 2011, arranca no obstante de lejos. Como la ironía hila siempre fino, no son pocos ya los médicos de a pie que comentan con sorna que después de la prescripción enfermera y las recetas informatizadas, llegarán pronto a España la cirugía celadora o el diagnóstico de las patologías a cargo de las secretarias de las gerencias. También circula el chascarrillo de que dentro de poco Sanidad y las autonomías pondrán máquinas en las consultas que expedirán las recetas a los enfermos en función de los síntomas que éstos consignen mediante un botón, como si se tratara de los aparatos de bollería industrial a los que tanto persigue Roberto Sabrido.
¿Qué hacen mientras las organizaciones que dicen representarles? Nada. Ensalzan la actuación del Ministerio, le ríen las gracias a Pajín, y ensalzan al triunfador y héroe de Parla Tomás Gómez, alias Simancas II, mientras sus dirigentes y emisarios tratan de pasar la gorra por la industria sin el menor recato. Fruto de este contubernio es el silencio ante medidas agresivas contra el médico, y algunas actuaciones polémicas. Revisen el nuevo código deontológico de los facultativos, vean lo que dice sobre la obligación de informar sí o sí a la gestante que quiera abortar, analicen lo que allí se dice sobre la muerte digna, y comprobarán el alto grado de coincidencia que hay con el pensamiento de la facción del PSOE que ahora manda, y que ha arrastrado al país al abismo.
