La Organización Médica Colegial (OMC) insta a “revisar y reformar con urgencia” el sistema de patentes y los límites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su financiación y establecimiento. Así lo recoge en un documento que se ha aprobado por unanimidad durante la asamblea general.
Para los médicos, “el beneficio de la patente no puede estar por encima de los resultados en salud”. Consideran que el objetivo es que el beneficio comercial no eclipse los verdaderos beneficios clínicos para los pacientes ni ponga en peligro la viabilidad económica de los sistemas nacionales de salud. Asimismo, la OMC señala que si la incorporación de nuevos fármacos y tecnologías se realiza cuando los presupuestos anuales ya están aprobados, deben ser financiados por una partida extraordinaria que “nunca implicará la detracción de otros elementos del presupuesto sanitario global y que se debe mantener consolidada presupuestariamente en los años sucesivos”.
El documento viene a complementar el informe aprobado el año pasado sobre el sector farmacéutico, donde la OMC hacía unas recomendaciones y propuestas centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; proponía reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento. Ahora, con este nuevo documento, la organización alerta ante una nueva situación “que amenaza” el SNS.
Asimismo, recuerda a las administraciones sanitarias que “seleccionar el medicamento más adecuado a las necesidades de cada paciente supone un ejercicio de elección clínica, ética y profesional, no una estrategia de austeridad”.
Del mismo modo, el texto alude a la “investigación y desarrollo de los medicamentos” que, en ocasiones no responden a demandas de auténticas necesidades de salud y, en este caso, alude a la responsabilidad de los médicos en garantizar una buena praxis evitando todo tipo de “influencias perniciosas” y a la responsabilidad del regulador para evitar que se promocionen productos en base a artículos y estudios poco rigurosos e insta al control de toda aquella publicidad engañosa que contribuya a la innecesaria medicalización de la vida.
Denuncia que en las autorizaciones de medicamentos por los organismos supranacionales —Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA) y Agencia Europea del Medicamento (EMA)— ocurren errores tipo 1 dando por bueno un medicamento que no lo es, “por benevolencia, por conflictos de intereses poco claros o porque no se publican los errores graves”.
Para la OMC existe una falta de transparencia al no publicarse los resultados de los estudios de investigación médica y al ampararse la industria investigadora en el secreto empresarial. “La mayor parte de la investigación médica está financiada por la iniciativa privada y, en general, no suelen prestar atención a la prevención”, advierte el comunicado, a la vez que defiende que los ensayos clínicos deben estar registrados y permitir el acceso a todos los datos en bruto de los mismos antes de ser aprobados para poder realizar análisis independientes. Asimismo, la investigación en salud pública y enfermedades raras debe protegerse y alentarse desde los poderes públicos, pero también con la colaboración de la industria farmacéutica, como parte de su responsabilidad social corporativa.
Consideran que la investigación con fondos privados debe invertir un porcentaje del presupuesto de cada investigación para la financiación de investigación de proyectos públicos. Este pacto de colaboración debería ser inicial y prioritario en las negociaciones y/o acuerdos o convenios con todas las empresas farmacéuticas. Los médicos apuestan por que con la aprobación de nuevos medicamentos se garanticen alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de nuevos fármacos que no hayan demostrado estas cualidades, muy especialmente al haber utilizado en los estudios muestras pequeñas de pacientes.
La recomendación pasa por opciones terapéuticas que han demostrado su eficacia, “deben mantenerse hasta que los nuevos fármacos demuestren mayores beneficios”. Por ello, ve necesario que “los productos comercializados inseguros o ineficaces sean rápidamente identificados”, los daños y las insuficiencias ampliamente difundidas y que sean retirados con urgencia del mercado.
