Premios Fundamed
Juan Pablo Ramírez Madrid | viernes, 04 de julio de 2014 h |

No todo vale en el sistema sanitario para la consecución de ahorros. Es el mensaje que trasladó el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro durante unas jornadas ‘Los equivalentes terapéuticos: ¿nueva barrera para el acceso a la innovación?’. “La sostenibilidad está sirviendo como argumento para un giro preocupante en política sanitaria y farmacéutica”, explicó.

Precisamente en un momento en que las alternativas terapéuticas equivalentes (ATEs) andaluzas se encuentran suspendidas en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía (TARC), que estudia si dar luz verde a este proyecto de la Consejería de Salud, tanto los profesionales sanitarios como la industria farmacéutica se unieron a Sánchez Fierro con el objetivo avisar sobre los peligros de este tipo de medidas para los pacientes a largo plazo.

El vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad lamentó que este problema del recorte de gastos sin la consideración de un análisis sobre la evidencia científica se haya extendido por todo el territorio nacional. En los últimos años, las regiones han puesto en marcha medidas como las tarifas planas, los algoritmos, los programas informáticos de “supuesto” apoyo a la prescripción o los incentivos al médico.

Las discrepancias de los profesionales sanitarios con la iniciativa andaluza se articula sobre cuatro patas diferentes: la falta de equivalencia entre los medicamentos seleccionados para cada lote, los obstáculos a la libertad de prescripción, los criterios únicamente económicos como punto de partida erróneo y el riesgo de introducir inequidades en el sistema con el perjuicio que ellos provocaría para los pacientes andaluces.

Incluso el propio TARC ya puso de manifiesto en su auto que no pueden competir en condiciones de igualdad principios terapéuticos diferentes, aunque sirvan para una misma indicación, y advertía de que la medida suponía un ataque a la libre prescripción.

Falta de equivalencia

Los profesionales sanitarios han venido insistiendo sobre esta tesis desde que se conoció el proyecto de la Junta de Andalucía. “Sorprendentemente meten en el lote medicamentos que tienen mecanismos de acción absolutamente diferentes”, señaló Rocío García Carbonero, tesorera de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una organización que se ha mostrado especialmente con la ATEs.

Uno de los ejemplos que ha venido citando la SEOM es el de cáncer colorrectal metástasico, “que eventualmente se hace resistente al tratamiento”, explica García Carbonero. En ese momento, el médico debe cambiar el tratamiento al paciente. Ante situaciones como estas, la oncóloga insiste en que ningún medicamento es “prescindible en el tratamiento de una determinada enfermedad”.

De la misma premisa parte la Sociedad Española de Reumatología (SER). Miguel Ángel Caracuel, miembro de esta sociedad científica expuso que por el hecho de compartir una misma indicación “no significa que se puedan considerar alternativas terapéuticas equivalentes ni de eficacia ni de seguridad”.

Los profesionales consideran que la libertad de prescripción es una garantía para proteger los intereses de los pacientes. “La implantación de un sistema de equivalencias terapéuticas que no contemple alternativas razonables científicamente, elimina la posibilidad de recetar medicamentos que puedan resultar más beneficiosos para los pacientes”, señala el vicepresidente segundo del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Antonio Aguado Núñez.

La selección de los medicamentos en los lotes no ha tenido en cuenta otra serie de circunstancias económicas que terminan hinchando el gasto del centro, como por ejemplo el precio de la administración de esos fármacos. Un medicamento intravenoso, a priori más barato que otro oral, podría llevar aparejado la atención de enfermeras o celadores o incluso la utilización de una bomba de perfusión “que también tiene un coste”, explica García Carbonero.

La introducción con este tipo de medidas de inequidades en el sistema con respecto a otras comunidades autónomas es otra de las principales preocupaciones de las sociedades científicas. “Se puede romper la cohesión de nuestro sistema y se genera desigualdad entre los pacientes de las distintas comunidades, por lo que los pacientes no reciben los mismos tratamientos en todas ellas”, expresó Aguado, quien defendió que este tipo de iniciativas deben tomarse por consenso dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La SEOM avisa de que no se han tenido en cuenta en los criterios económicos el coste de la administración

La SER subraya que comportar indicación no significa que puedan ser equivalentes terapéuticos