Resolución/ Sánchez Luque asegura que siempre defenderán la evidencia científica sobre la económica

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El Consejo Andaluz de Médicos reclama a la consejería su representación en la comisión asesora

Los juristas alertan de que el SAS puede estar invadiendo competencias de la Agencia del Medicamento

| 2009-09-27T18:06:00+02:00 h |

m. raspal/c. arganda

Madrid

Muchas incertidumbres ha despertado en el sector profesional la nueva resolución sobre armonización de los criterios de utilización de medicamentos emitida a mediados de agosto por el Servicio Andaluz de Salud (ver GACETA MÉDICA, nº 300).

Para el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Juan José Sánchez Luque, la clave de este documento está en conocer a qué fármacos se refiere cuando alude a aquellos de “especial impacto sanitario, social y/o económico” cuya financiación quedará a expensas de lo que decida el comité asesor.

Sánchez Luque espera que sean medicamentos muy concretos y que la elección se haga en base a un uso racional. Así, confía en el buen criterio de la Administración andaluza ya que muchos de los fármacos que se prescriben en la comunidad con la receta propia de la Junta no son financiables habitualmente. “Es cierto que en Andalucía determinados medicamentos necesitan un visado, un trámite burocrático que entorpece al usuario, pero que también entendemos como lógico en muchos casos”, apunta.

Aunque algunas críticas consideran que los criterios económicos se están imponiendo sobre los de equidad, el presidente de los médicos andaluces cree que es pronto para hacer este tipo de valoraciones y asegura que desde su organización siempre abogarán por la primacía del criterio sanitario ya que defienden una “medicina basada en la evidencia”, es decir, están de acuerdo en que ante similares evidencias se recete el fármaco que tiene el menor coste pero, en el caso en que un medicamento aporte algo más, defenderán que éste sea utilizado, pues está en juego la salud del usuario.

Sánchez Luque sí se muestra más crítico con la composición de la comisión asesora —contará con 10 miembros nombrados por el SAS y sólo uno por la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria—, en la que pide la participación de un miembro del Consejo de Médicos. “Siempre que nos sentamos con la Administración reclamamos la representación masiva que los facultativos deberíamos tener todos los ámbitos de decisión”, agrega.

Invasión de competencias

Por su parte, los juristas consultados por GM creen que el SAS se puede estar atribuyendo competencias que el ordenamiento jurídico reserva a la Agencia Española del Medicamento. Además, piden una definición transparente de los criterios de selección y evaluación pues, tal y como está planteado, no es posible saber cuándo un medicamento será sometido o no al control de la comisión, lo que puede generar “arbitrariedad e inseguridad jurídica”, así como “desigualdades” entre las compañías farmacéuticas.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia declarando el derecho de la Administración a imponer visados a la prescripción de determinados medicamentos por razones de uso racional y de contención del gasto farmacéutico. De esta forma, ha anulado una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que éste falló a favor del recurso de Farmaindustria que pedía la eliminación de los visados impuestos por el Ministerio de Sanidad a los antiinflamatorios inhibidores de la COX-2 considerando que éstos se basaban en cuestiones económicas y no sanitarias.