En el escenario económico actual, las reformas del sistema sanitario están suponiendo un cambio de paradigma en el modelo de acceso al mercado de los nuevos medicamentos, el sistema de fijación de precios y la evaluación de la eficiencia. Como se abordó durante el Curso “Farmacoeconomía y Market Access”, organizado por la Universidad de Barcelona, conceptos como los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) o los acuerdos de riesgo compartido protagonizan un contexto que requiere el debate y la participación de todos los actores implicados (Administración, sociedades científicas, industria farmacéutica…).
Arantxa Catalán, responsable del ámbito de Evaluación de Farmacia de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), señala como uno de los puntos diferenciales de esta agencia su capacidad de evaluar y presentar resultados obtenidos en atención primaria, hospitales y salud mental. En el caso concreto de los IPT, explica que hay tres grupos de expertos conformados por distintas comunidades autónomas que están trabajando en estructura y metodología. Sin embargo, aún no se ha pactado una decisión de precio que se base en el IPT.
En lo que respecta a Cataluña, Catalán indica que de momento están realizando la evaluación económica, y especifica que se está siguiendo una metodología diferente dependiendo de la comunidad autónoma.
Con el fin de que el IPT pueda dar soporte a los decisores sanitarios en términos de selección de fármacos, criterios de uso racional del medicamento, regulación de precio y financiación, Catalán opina que hay ciertos elementos clave que este documento debe cumplir: estructura adaptada al tipo de medicamento, caracterización de la innovación, medida de la ventaja terapéutica y análisis del valor social del medicamento.
A su juicio, un aspecto muy complicado en el que están trabajando es lograr adaptar la metodología de la evaluación económica “a las peculiaridades, ya no de cada medicamento, pero sí de los grandes grupos de fármacos”, puesto que “aplicar los mismos checklists para todos los grupos no funciona”.
Se trata de un proceso muy complejo si se tiene en cuenta que existen numerosas comparaciones indirectas no válidas para el posicionamiento respecto a alternativas terapéuticas.
Entre los retos de futuro, Catalán expone la importancia de disponer, en los plazos previstos, de un único informe capaz de dar respuesta a múltiples decisiones. En este sentido, puntualiza que en Alemania tienen tres meses para obtener la visión de la ventaja terapéutica, y reivindica confianza en los grupos que trabajan en red para responder al reto de la velocidad. Además, matiza que es necesaria la adaptación de los informes, ya que “aplicarlos va a depender del grado de madurez organizativa de la comunidad autónoma”.
Las TICs también ofrecen la oportunidad de trasladar metodología de evaluación rigurosa, que contemple diversas situaciones (combinaciones a dosis fijas, grupos terapéuticos…), así como garantizar el seguimiento de las recomendaciones. Y además de determinar el impacto presupuestario de las medidas, también se debe evaluar resultados en condiciones de práctica clínica habitual, integrando los datos asistenciales, un aspecto en el que ya trabaja la agencia AQuAS en la actualidad, como puntualiza su portavoz.
