CAFÉ DE REDACCIÓN/ Encuentros Salud 2000 • XXII Encuentro

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El sector pide que la futura Ley de Ciencia incluya cambios en la universidad y los hospitales
| 2010-11-05T16:39:00+01:00 h |

Rocío Bueno

Gaceta Médica

El impulso del ámbito investigador como apuesta de futuro ha motivado un importante esfuerzo en el apoyo de la I+D durante los últimos años en nuestro país, una estrategia reflejada en las cifras de inversión pública en este ámbito y en la exclusión parcial de la investigación de los últimos recortes presupuestarios. La necesidad de apoyar esta línea de trabajo con una estructura estable que regule el funcionamiento de la investigación ha justificado la redacción del proyecto para la creación de una nueva Ley de Ciencia.

Éste fue el eje central del debate en el XXII Encuentro organizado por la Fundación Salud 2000 y Fundamed, una cita en la que los investigadores reclamaron a la Administración reformas más profundas de las que contiene el texto. “Incluye multitud de avances muy positivos, pero tiene un gran defecto: no es reformista”, aseguró José López Barneo, director de investigación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por su parte, Ángel Carracedo, patrono de la Fundación Salud 2000, añadió que todavía hay tiempo para “acometer mejoras estructurales, que es lo que hace falta, y eso pasa por implicar a las comunidades y a las universidades”.

Los expertos hicieron así referencia a una dificultad que continuará existiendo a pesar de la nueva ley: la mayoría de las mejoras en el funcionamiento de la investigación que se desarrolla en hospitales y universidades —la más importante— depende del siempre complicado entendimiento entre las administraciones central y autonómica. “Uno de los temores del ministerio en la elaboración de la ley era el de entrar en el terreno de las competencias autonómicas y que, una vez aprobado el texto, embarrancase en el Tribunal Constitucional”, explicó Jorge Puente, asesor de la Secretaría de Estado de Investigación. “Era una política del ministerio intentar consensuar al máximo con las comunidades para que eso no pasara; por eso no se ha ido más allá en la reforma de la LOU (Ley Orgánica de Universidades) y la gestión hospitalaria”, continuó.

Movilidad y homogeneidad

Pero no todo fueron críticas. Los participantes del encuentro hicieron hincapié en que la nueva Ley de Ciencia constituye un destacado primer paso para la mejora con muchos aspectos positivos. Entre ellos, la unificación de la escala de los investigadores y la movilidad. “Creo que es muy positiva la filosofía de crear una carrera profesional en investigación y la manera en que esta ley incentiva al investigador desde que comienza para que sepa que podrá terminar sus días laborales participando dentro de un proyecto”, destacó Enrique Grande, adjunto al servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. “Se crea la posibilidad de adscribir a investigadores de un centro público como por ejemplo un hospital, a otro hospital, una universidad o el CSIC”, detalló Puente, que destacó además el nuevo sistema de contratos creado por la norma.

Otro aspecto valorado positivamente es la creación de la Agencia Estatal de Investigación respondiendo a una reclamación clásica del mundo científico. Sin embargo, desde el punto de vista de los investigadores, todavía queda mucho por hacer en la estructuración del sistema, y parte del problema vuelve a estar en las universidades, donde los departamentos no parecen estar preparados para el abordaje de la investigación. “Las universidades están tendiendo a la atomización del sistema. En mi departamento hay 12 catedráticos. Y eso no es sostenible”, afirmó Carracedo.

Las asignaturas pendientes

Si existe un punto en el que investigadores y gestores públicos coincidieron, fue en la necesidad de despertar a los inversores privados españoles.“Nuestra cultura empresarial hace que muchas de las pequeñas empresas que son necesarias en materia de innovación se dediquen a obtener subvenciones”, planteó Rubén Moreno, director del Centro Príncipe Felipe de Valencia. Por su parte, el portavoz de Ciencia destacó la ausencia de incentivos como una cuestión cuya resolución podría traer buenos resultados. “La ley de economía sostenible incluye ya la posibilidad de asumir del 8 al 12 por ciento en el impuesto de sociedades”, explicó. Además, Puente subrayó que la nueva Ley de Ciencia incluye como prioritarias las actividades de mecenazgo.

Por otra parte, lograr la cooperación entre investigación básica y aplicada en un sistema de trabajo traslacional es un objetivo destacado que, sin embargo, no se menciona específicamente en el nuevo proyecto de ley. Tal y como señaló Grande, aunque el trabajo en común entre ambos “es el que promueve realmente la innovación”, la relación entre los centros de investigación básica y clínica está aún “en manos de la buena voluntad de los investigadores”.