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Tratar de forma diferente a los médicos internos residentes (MIR) ha sido “injusto” y necesita una urgente reparación. Para Vicente Matas y Salvador Galán, del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, este colectivo se está viendo especialmente afectado por las políticas de ajuste presupuestario ya que durante el primer año reciben unas retribuciones similares a las de la categoría de pinche de cocina —una de las más bajas en los servicios de salud— pero ha sufrido el mismo recorte que el resto de facultativos con una reducción muy superior a la que por su nivel salarial le correspondería. Ésta ha superado el 9 por ciento —más de 1.500 euros al año— en el caso de los MIR de Asturias y Castilla-La Mancha, rebajándose hasta el 3,76 por ciento para los residentes vascos, los menos afectados. Los análisis del sindicato explican que, teniendo en cuenta que estos médicos tienen la posibilidad y la obligación de realizar guardias, con ellas incrementan un poco su bajo sueldo pero, dado que la retención del IRPF es progresiva, el aumento de los ingresos netos no llega a los 700 euros al mes —un 23 por ciento va directamente a las arcas de Hacienda—, situación que empeorará aún más con los recortes del número de guardias y los incrementos de jornada.
Que la Consejería de Sanidad de Madrid abra una “vía de diálogo permanente” con los representantes de los facultativos —similar a la concedida a los residentes— para debatir cómo les afectarán las medidas derivadas de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la región es la petición que el sindicato Amyts y el Colegio de Médicos reclaman de forma conjunta al departamento de Javier Fernández-Lasquetty. El consejero ha reconocido que los MIR tienen una relación laboral “especial” que les diferencia del resto de los profesionales por lo que negociará con ellos la aplicación de la jornada laboral de 37 horas y media por lo que este colectivo ha desconvocado la huelga prevista para el 26 de enero.
En la misma línea, el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, y el presidente colegial, Miguel García Alarilla, han pedido de forma conjunta a la Administración sanitaria que cuente con ellos antes de aplicar “instrucciones generalizadas e indiscriminadas” que tendrán consecuencias directas en la “masificación” de la asistencia y la “merma” de la calidad. Es el caso de la no reposición del 90 por ciento de las plazas vacantes por jubilación, la supresión de los contratos eventuales —que tiene el 30 por ciento de la plantilla—, el incremento de la jornada semanal, la paralización de la implantación de la carrera profesional y la no retribución de los tres primeros días de baja por enfermedad.
Frente a esto, Ezquerra cree que, teniendo en cuenta el carácter dialogante que ha mostrado hasta ahora, Lasquetty cuenta con margen de maniobra para aplicar otro tipo de recortes, como la supresión de puestos de trabajo de gestión, la revisión de la cartera de servicios o la estricta aplicación de los protocolos y guías clínicas. Así se lo plantearon en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado miércoles, una “oportunidad” que tenía el consejero para demostrar que es cierta su intención de no recortar puestos de trabajo, ya que puede convocar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de Medicina de Familia y Pediatría de AP pendientes, así como agilizar las de especialistas y hacer interinos a todos los médicos que ejercen como eventuales desde 2007, tal y como prometió.
En este encuentro, el sindicato médico pidió el reconocimiento de sus “condiciones especiales” y la aplicación de una “instrucción de mínimos” basada en la autonomía y autogestión de los centros, según la cual no cabría la reducción del horario de guardia de los sábados ni el aumento de las horas semanales pues su jornada ya excede las 37 horas y media. El resto de sindicatos de clase y sanitarios presentes en la mesa apostaron por aumentar media hora cada día, un planteamiento rechazado por la Administración que prefiere que doblen turnos, aunque se mostró abierta a seguir negociando.
Y es que el secretario general de Amyts teme que la consejería madrileña no quiera dar ningún paso hasta que no pasen las elecciones andaluzas y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, pues cree que el Gobierno central quizá tenga previsto aprobar alguna norma de aplicación general para toda la Administración sanitaria. Por ello, aunque por el momento no se plantean iniciar movilizaciones, tampoco descartan medidas más drásticas en un futuro.
Sin descartar la huelga
Por su parte, la consejería de Sanidad de Castilla y León sí parece dispuesta a paralizar y revisar el Plan de Racionalización de Recursos que presentó a los sindicatos en la mesa sectorial, aunque los médicos de CESM no abandonarán las concentraciones y la manifestación prevista para el 15 de febrero —advirtiendo que llegarán a la huelga si es necesario— hasta que la Administración se comprometa por escrito a la negociación de estas medidas pues consideran “inaceptable” la modificación del decreto de jornada ya que deja el texto “vacío de contenido” y permite la modificación de las condiciones laborales de forma “arbitraria” en manos de cada gerente, tanto en primaria como en hospitales.
Además, han advertido de que tampoco permitirán que se suprima la regulación del horario vespertino —negociado y aprobado hace seis años— ni el descanso tras una guardia de 24 horas. y han pedido al consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, que reclame el mismo esfuerzo” a todos los empleados públicos de la comunidad, en relación con la carta que éste ha enviado a los trabajadores de servicio regional de salud (Sacyl) en la que les solicita su “contribución” para mantener la calidad.
“Quizá el Gobierno central tenga prevista una norma general para toda la Administración sanitaria”
“El decreto de jornada permite la modificación arbitraria de nuestras condiciones laborales”