En los 15 últimos años se ha producido un boom en España de los estudios de evaluación económica para medir la efectividad, la utilidad, el beneficio y la minimización de costes. La Asociación de Economía de la Salud (AES), que acaba de presentar el cuarto capítulo del informe ‘Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance’, lamenta la falta de aplicación de estas evaluaciones.
Sólo en el periodo 2004-2008, el último ejercicio del que se disponen datos, se realizaron en España 260 estudios de evaluación, lo que supone un incremento del 73 por ciento con respecto a los años comprendidos entre 1999 y 2003. Ni siquiera la crisis económica ha frenado esta tendencia. “En los últimos años se ha producido en España una proliferación significativa de las evaluaciones, así como de agencias y de órganos evaluadores a nivel autonómico, pero no se han empleado en la práctica para ordenar la cartera común de servicios”, explica Marta Trapero-Bertran, presidenta de AES.
Cataluña y la Comunidad de Madrid han mostrado una mayor actividad. Sólo estas dos regiones han realizado un 53 por ciento de todas las evaluaciones realizadas en España desde 1983. La Generalitat registró 140 estudios mientras que Madrid realizó 113. Lejos quedan Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, con 32, 30 y 19 informes, respectivamente.
La situación de crisis económica que atraviesa España ha generado “la necesidad de cuidar cada euro que se invierte en recursos sanitarios”, destaca el anterior presidente de la asociación, Juan Oliva. A esta circunstancia se suma el hecho de que “cada vez más países occidentales emplean esta herramienta en su proceso de toma de decisiones sobre precio y financiación pública, así como en el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias”, añade.
Intensificación de la demanda
Estos dos factores han llevado a las autoridades públicas españolas, “especialmente a las regionales”, y a los profesionales sanitarios a demandar con mayor insistencia este tipo de información sobre “ la eficiencia de medicamentos y tecnologías sanitarias”, afirma Oliva. El ex presidente de AES especifica que esta demanda ha sido satisfecha hasta el momento por las agencias evaluadoras de las comunidades autónomas y por la industria farmacéutica. “En este contexto, lo sorprendente es el inmovilismo del Ministerio de Sanidad”, subraya.
De hecho, Sanidad cuenta con los mecanismos legales necesarios para conseguir que se cumplan estos criterios de evaluación. “Tanto la Constitución como los últimos reales decretos, incluido el 16/2012, contemplan la importancia de la eficiencia pero no se materializan estos criterios de coste efectividad”, advierte Trapero-Bertran.
“Existe una gran expectación en el medio sanitario, especialmente en el que rodea al medicamento —no solo las empresas, sino también las comisiones de farmacia, asociaciones científicas y profesionales—, esperando un cambio en la política del medicamento en este sentido”, subraya Oliva.
Precisamente ante las reformas introducidas para racionalización del gasto sanitario con el Real Decreto 16/2012, la oposición en el parlamento ha insistido en la necesidad de poner en marcha evaluaciones que permitan conocer el impacto de las nuevas medidas en el acceso al Sistema Nacional de Salud y las consecuencias económicas.
Trapero-Bertran apunta a una falta de transparencia en el sistema sanitario español, aunque admite que se están poniendo medios para resolver este problema. “Toda decisión que corresponda a la inclusión o retirada de una prestación en el seno del SNS debe responder a un proceso de evaluación transparente de la seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia y utilidad”, señala una de las recomendaciones de este cuarto capítulo titulado ‘Buen gobierno de la sanidad’.
El documento de AES incide también en la figura del directivo y en el establecimiento de “una regulación específica para su selección, que ha de desarrollarse a través de concursos por concurrencia competitiva abierta, además de reflejar sus atribuciones, las condiciones de empleo y cese, el reconocimiento de trayectoria directiva, el código de conducta y la evaluación periódica de desempeño y resultados, adaptada a cada situación”.
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