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La gestión tiene una parte básica y fundamental que son los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores del directivo que lleva las riendas de la organización pero en el entorno de los servicios sanitarios españoles —públicos en su mayoría pero también privados— el gestor debe conocer el derecho administrativo, moverse dentro de un determinados orden de valores éticos y saber manejar cuestiones del bien común para lograr relaciones humanas de alta calidad.
Por ello, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) hace años que vienen reivindicando una carrera profesional y su correspondiente proceso de acreditación para este personal que no sea incompatible con tener cualquier otra titulación, sanitaria o no.
Con este objetivo elaboraron el informe ‘La profesionalización de los Directivos de la Salud’
—presentado recientemente (ver GM, nº 453)— que volverá a estar en el centro del debate del 18º Congreso de Hospitales pues, tal y como ha explicado a esta publicación su coordinador, Mariano Guerrero, se trata de un documento abierto que seguirán presentando a las autoridades hasta lograr que se reconozca el trabajo de los directivos.
Guerrero recuerda que estos llegan al mundo de la gestión sanitaria con diferentes conocimientos y carencias que deben subsanar pues son fundamentales para dirigir una organización. Así, algunos son médicos que necesitan formación en gestión financiera, recursos humanos o temas presupuestarios, mientras que otros son ingenieros, abogados o economistas que necesitan conocer cómo se desarrollan los actos clínicos o el funcionamiento de las tecnologías sanitarias.
Dado que se trata de un colectivo con muchos perfiles, desde Sedisa nunca han planteado que exista una titulación específica, sino una carrera profesional que reconozca adecuadamente el mérito y la capacidad, que resulte un incentivo de estabilidad laboral y que podría incluirse como un área de capacitación específica (ACE) transversal dentro del nuevo sistema de formación especializada que planteará el futuro decreto de troncalidad, cuyo último borrador acaba de pasar la fase de alegaciones.
El coordinador del informe señala que así se lo han planteado a las autoridades, tanto al Ministerio de Sanidad como a las consejerías regionales y todos ellos parecen haberlo acogido de buen grado, aunque todavía no está desarrollado.
Sin embargo, contar con un ACE sólo posibilitaría que algunos profesionales se acogieran a este proceso de acreditación por lo que tendrían que seguir trabajando para abrir todas las vías posibles en esta defensa de la profesionalización de forma que sea un continuo. “Nadie duda ya de que somos un grupo de profesionales clínicos con nuestro propio cuerpo doctrinal. Sólo pedimos que esta formación esté avalada y reglada por alguna agencia de acreditación, ya sea la Aneca o las agencias autonómicas”, matiza.
Además, desde esta entidad consideran que la selección del directivo debe realizarse en base a una evaluación objetiva, basada en resultados asistenciales, económicos, de participación profesional y de liderazgo social y dentro de un código de buena gestión para despolitizar la elección de estos cargos.
Guerrero aclara que las autoridades sanitarias tienen el derecho y la obligación de elegir a los gestores de su confianza, algo que no pone en duda, pero siempre que ésta no se base exclusivamente en lo personal. Por ello, les reclama que elijan a los mejores, es decir, los mejor formados, a los que más competencias han ido recogiendo con el tiempo porque la confianza profesional es muy diferente de la personal y, en su opinión, deben elegir según la primera.
Estas cuestiones volverán a ser analizadas en el Congreso para recoger las últimas aportaciones y actualizar el documento ya que, según su coordinador, se trata de un debate que no ha hecho más que empezar y que estará vivo para seguir incluyendo medidas como un fiel reflejo de lo que está pasando. A su juicio, las autoridades son los principales interesados en ello así como la sociedad en su conjunto, ya que hablar de gestión pública es hablar de un dinero que pertenece a todos, por lo que la eficiencia es obligatoria como un “imperativo ético”.
Por otra parte, Guerrero apunta a la necesidad de hacer “extraordinariamente atractiva” esta labor directiva para animar a los jóvenes que quieran dedicarse a ello como una salida profesional ya que, aunque sea un sector que necesita mejorar muchas cosas, siempre va a existir.
