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En aspectos como las incompatibilidades colegiales las alegaciones al anteproyecto de Ley de servicios y Colegios Profesionales que han presentado la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE) persiguen objetivos diferentes. También existen puntos de encuentro. Ambas corporaciones han reclamado al Ministerio de Economía y Competitividad, impulsor de la normativa, una mayor independencia. Eso sí, médicos y enfermeros entienden la injerencia de la Administración desde diferentes puntos de vista. La desconfianza del CGE se basa en los artículos 32 y 33 del anteproyecto, que entiende que no se ajustan “ni a la propia realidad jurídica de los colegios profesionales ni al régimen derivado del derecho administrativo”, señala la institución enfermera en sus alegaciones.
El director de Servicios Jurídicos del CGE, Francisco Corpas, denuncia que este anteproyecto permitiría que “la Administración pueda cesar a la junta directiva de un colegio, algo que es excesivo”.
La introducción de figuras como la tutela de la Administración en estos artículos tampoco agrada a los médicos. El secretario general de la OMC, Serafín Romero, ha señalado que su organización ha reclamado que se elimine este artículo o que se realice un nuevo redactado del mismo. “Ya tenemos reconocido en una sentencia del Tribunal Constitucional las funciones de los colegios y no entendemos que deban ser tuteladas”, aunque apostilla: “Otra cosa es que el Gobierno nos delegue otras funciones como la acreditación de la formación, que sí debería ser titulada”. En este sentido, el CGE ha reclamado una recertificación de los profesionales en lugar de una acreditación.
Códigos deontológicos
La divergencias de médicos y enfermeros se extienden también a los códigos deontológicos que el anteproyecto integra dentro de los estatutos. El CGE ha solicitado al Gobierno que los códigos deontológicos no queden recogidos dentro de los estatutos profesionales, como aparece reflejado en el anteproyecto. “Semejante previsión, además de afectar seriamente a la independencia de las profesiones y de sus organizaciones colegiales, impedirá cualquier modificación que en dichos códigos deba incorporarse por la evolución de cada profesión”, explica en sus alegaciones.
Los médicos, sin embargo, ven favorable este aspecto. “Sería un motivo de garantía, porque no podemos tener un código de ética que vaya contra la ley” , destaca Romero.
Pero la principal diferencia entre ambas organizaciones se halla en la regulación de las incompatibilidades. “La organización tiene capacidad suficiente para decidir sobre este tema”, destaca el secretario general de la OMC, que insiste en que los directivos de los colegios no pueden considerarse cargos públicos.
Los enfermeros, por su parte, defienden en sus alegaciones que se endurezca la normativa y que se incluyan no sólo a los representantes sindicales “también a los liberados y a los delegados”, destaca Francisco Copras, responsable legal del CGE. “No se pueden defender al mismo tiempo intereses laborales y profesionales”, afirma.
Romero destaca que los colegios tienen capacidad para decidir sobre incompatibilidades
Los enfermeros deconfían de los artículos 32 y 33 del anteproyecto
