Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La Ley de Servicios Profesionales que preparan el Ministerio de Economía de Elena Salgado junto con Presidencia del Gobierno y otros ministerios puede asestar la puntilla definitiva a los colegios profesionales. Lejos de surtir efecto, los movimientos de la Organización Médica Colegial (OMC) están siendo ignorados por el Ejecutivo, y no dejan de aparecer borradores suprimiendo la colegiación obligatoria para los facultativos españoles, de manera similar a lo que puede ocurrir con los arquitectos o los ingenieros. El último borrador, de hace apenas dos semanas, mantiene esta tesis recogida ya en los textos anteriores y, si no tercia milagro de por medio, en el plazo de apenas unos meses los facultativos que trabajen al servicio de la Administración Sanitaria Pública dejarán de tener la obligación de adscribirse a la corporación profesional de su provincia, como sucede ya en Andalucía y otras autonomías. Tendría gracia que la misma ministra que tanto apoyo recibió de los colegios en su etapa sanitaria, con motivo de la polémica y fallida ley del vino, sea ahora la que les aseste el golpe de gracia en aras de una liberalización más que dudosa de la economía española, de la que dudan hasta los organismos internacionales. Pero cosas más fuertes han pasado con este Gobierno. Y cosas más tristes se han visto en la estrategia errática que mantienen desde hace años las corporaciones profesionales.
Sea como fuere, lo cierto es que muchos colegios de médicos —afortunadamente, no todos— llevarían en el pecado la penitencia en caso de aprobarse la norma en sus términos actuales. Lejos de cumplir los fines para los que fueron creados y que tienen encomendados por ley, numerosas corporaciones operan hoy con el único y exclusivo fin de servir a los intereses particulares de las cúpulas que los regentan, o de las empresas que han terminado por fagocitarles. Esto explica, en parte, el ridículo índice de participación cada vez que se celebran elecciones.
Los casos más llamativos de este proceso que ignora en el fondo a los sufridos médicos de a pie son los de Madrid y Valencia. Uniteco Profesional, la correduría que dio todo el poder a la hoy desaparecida Juliana Fariña a cambio de controlar plenamente la corporación madrileña y obtener de ella pingües beneficios económicos, reproduce ahora su modelo en la ciudad mediterránea, aprovechándose para ello del peón al que promovió para ocupar la presidencia, Rosa Fuster. Según desvela Gaceta Médica, un medio que no calla nunca ante las presuntas irregularidades que se cometen a diario a costa de los facultativos españoles, la presidenta tardó apenas 48 horas desde su victoria en los polémicos comicios para nombrar a la empresa de Gabriel Núñez correduría oficial de la corporación, sin valorar siquiera otras propuestas. Es decir, la misma empresa que la aupó a la cabeza de los médicos valencianos es ahora beneficiaria de uno de los servicios más jugosos y rentables del Colegio de Valencia. ¡Qué casualidades tiene la vida! Pero hay más, la gestión integral del colegio valenciano correrá a cargo de Sigpyrh, S.L., empresa también ligada a Núñez, que opera, cómo no, en el entorno del Colegio de Madrid.
No es de extrañar que ante éstos y otros muchos hechos, y ante la pasividad de la OMC a la hora de ponerles coto, el Gobierno no dude ni un momento en restar poder a los colegios, aprovechando además el lógico desapego que los médicos de a pie sienten hacia los mismos, hartos de que sus intereses sean desplazados por otros más etéreos y estériles para la profesión.
