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| lunes, 28 de febrero de 2011 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Tiene gracia que después de jalear numerosas normas y proyectos del ministerio y de las consejerías socialistas, como la ley del vino y la de la muerte digna, de insuflar oxígeno a organizaciones díscolas con feudos populares como Madrid, y de impulsar plataformas con fines claramente políticos, los entes profesionales acudan ahora raudos al PP, buscando el amparo y la defensa de su estatus quo por parte de la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor. Tiene gracia pero, hasta cierto punto, resulta lógico. Al igual que hiciera con el tijeretazo en materia farmacéutica, el Gobierno —tan aplaudido estos años por algunos conocidos representantes médicos—, a través del Ministerio de Economía, con Elena Salgado al frente, no ceja en su empeño de aplicar el llamado modelo andaluz a toda España y de establecer la colegiación voluntaria para las profesiones sanitarias, lo que representaría, básicamente, un golpe en la línea de flotación de la Organización Médica Colegial de Juan José Rodríguez Sendín y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de Máximo González Jurado.

El último borrador de la Ley de Servicios Profesionales que circulaba hace dos semanas por varios ministerios deja ya sentada la posición del Ejecutivo al respecto, confirmando lo que figuraba en documentos anteriores, en lo que supondría la estocada definitiva para las corporaciones de derecho público médicas y de enfermería. Bueno, más para las primeras que para las segundas, ya que éstas llevan meses rearmándose por si las moscas. El Gobierno apela a la necesidad de “liberalizar” el marco regulatorio de algunas profesiones. Y, curiosamente, se ampara para ello en las recomendaciones de organismos extranjeros cuyas estadísticas económicas denigra, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La eliminación de obstáculos a la entrada en el ejercicio de algunos trabajos catalogados como liberales agilizará la economía e insuflará aire fresco al alicaído Producto Interior Bruto (PIB), viene a decir el texto parido en las cocinas de Salgado y gratinado desde Presidencia del Gobierno. Puede que no le falte razón al Ejecutivo, pero los fines verdaderos son otros. Desgraciadamente, con el errático rumbo y el descrédito cosechado durante los últimos años, las propias corporaciones que tratan ahora de defenderse han alimentado el fuego con el que el Gobierno, al que tanto han defendido, trata de abrasarlas en estos momentos. El resultado de todo este proceso, por ejemplo, es que los sanitarios que ejerzan en la Sanidad pública no tendrán obligación de colegiarse. Y el resultado también es que podrán ser inhabilitados por la propia Administración que les contrata, en lugar de por el colegio al que pertenecen. ¿Cabe mayor control político de una profesión?

Desde luego, la iniciativa del Ejecutivo tiene tintes maquiavélicos, pero muchas organizaciones —no todas— colman de argumentos favorables a los mismos que pretenden desmontarlas. Los colegios tienen todo el sentido en España en la medida en que presten servicios efectivos y reales a sus colegiados. Lo tienen, además, en la medida en que ofrezcan comisiones deontológicas asépticas y ajenas a tintes corporativistas, y en la medida en que sepan ejercer de forma adecuada la representación de los profesionales en un marco de defensa global de la sociedad española. Cuando actúan como meros sindicatos, entes sustitutivos de las sociedades científicas o como apéndices políticos con no se sabe qué fines cargan en cambio de razones a los voraces políticos, ansiosos de capitalizar a colectivos antaño díscolos con sus intereses.

El PP va a hacer, en definitiva, caballo de batalla con este tema. No estaría mal que aquellas organizaciones que tanto le denigraron le echaran ahora una mano y empezaran a reconvertirse para adoptar el rol por el que fueron creadas. Sería un gran ejercicio de autoayuda para lograr su salvación a medio plazo.