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Un grupo de colegiados médicos sospecha que el asesor de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Antonio Mora, esté ejerciendo algún tipo de presión o de amenaza sobre la tesorera, Ana Fernández, para que no revele los movimientos económicos de la corporación de los últimos meses. Es la única respuesta que encuentran en el colegio a la ausencia de transparencia tras las reclamaciones de información del compromisario Guillermo Sierra, según fuentes de la corporación.
“Resulta sospechoso que no hayan querido enseñar los papeles”, explica uno de los colegiados consultados por este periódico. En el colegio entienden que la responsable de las cuentas debería haber facilitado ya la información económica requerida.
El también ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Guillermo Sierra, remitió a mediados de mayo una carta a la presidenta, al secretario general y a la tesorera en la que entre otros datos reclamaba la contabilidad del Icomem; el desglose íntegro y detallado de todos los movimientos económicos en 2012 y en lo que va de 2013, independientemente de “la existencia de cualquier tipo o clase de auditoría”; así como los gastos de representación.
De este modo, explican también los colegiados que Fernández se posicionara del lado de la presidenta, Sonia López Arribas, y apoyara desde el principio la reincorporación de Mora como asesor de la Junta Directiva. A pesar de las dudas de los otros tres miembros, el Pleno terminó cediendo y aceptando su vuelta después de que el ex director general propusiera retirar su demanda contra el colegio. Precisamente, Sierra también ha solicitado información sobre la relación de Mora con el colegio.
El compromisario ha reclamado información acerca del primer contrato del asesor, si los poderes de este primer acuerdo han sido revocados, actos a los que ha acudido como director general del Icomem, así como los gastos y costes relacionados con sus funciones en la corporación.
Hasta el momento, Sierra no ha recibido la información acerca de estas cuestiones. Sus dos primeros pasos han sido, por un lado, denunciar a la presidenta, lo que forzó que Mora retirara su demanda contra el colegio; y, por otro, solicitar la intervención de la OMC al entender que no le están permitiendo cumplir con su labor de compromisario.
“Existe una falta de interés en contestar y una falta de transparencia. Creo que son cuestiones que podrían responder rápidamente. Esta tardanza me hace pensar que existe un problema de fondo que me preocupa”, apunta.
Desde que se conocieron las acciones legales de Mora, Sierra ha cargado contra el ex director general. “Me parece lamentable que un señor que nos ha puesto una demanda a los médicos de Madrid continúe en el colegio y le sigan pagando”, argumentó el compromisario.
Ante la ausencia de respuestas, diferentes miembros del colegio pretenden la contratación de un asesor especializado en contabilidad para estudiar todos y cada uno de los movimientos económicos en el colegio y comprobar si se ha producido algún tipo de ilegalidad, explican fuentes del colegio, aunque dudan de que puediera desempeñar su función.
El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) desconvocó en menos de una semana la Asamblea de Compromisarios prevista para el pasado viernes 28 de junio. El viernes 21 de junio, el Icomem citó a los compromisarios y colegiados que habían enviado enmiendas para defender sus propuestas. El lunes siguiente, la secretaría del Icomem realizó llamadas telefónicas para suspender el encuentro. El compromisario Guillermo Sierra ha lamentado que no haya recibido ningún tipo de explicación ni tampoco una fecha alternativa para la votación de reforma de los estatutos, que han generado un importante debate interno en la corporación.
El ex presidente de la OMC denunció que debería haber recibido una desconvocatoria oficial en los mismos términos de la citación e insistió en que esta actuación demuestra “improvisación y desorganización”.
Fuentes del colegio explican que la presidenta ha decidido la desconvocatoria de la Asamblea ante las dudas que le genera el nuevo texto acordado en el Pleno de la Junta Directiva. Ante las enmiendas presentadas, este órgano pactó hace dos semanas que los contratos de más de 20.000 euros debían pasar por Asamblea y recibir un apoyo del 51 por ciento, siempre que estuvieran presentes un 30 por ciento de los compromisarios.
