acuerdo/ Médicos y enfermeros tendrán que acreditar sus competencias periódicamente según los proyectos en los que trabajan OMC y CGE
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El presidente del Consejo de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, espera que se convierta en un requisito obligatorio para ver pacientes
Dentro del documento de adhesión al Pacto por la Sanidad, también incluyen la creación de registros públicos de profesionales
Varios e importantes son los temas que los consejos de médicos y enfermeros tienen pendientes de solucionar entre ellos y también con el Ministerio de Sanidad, desde la futura ley de colegios profesionales, pasando por el desarrollo de la prescripción enfermera —deben definir el listado de fármacos de usarán estos profesionales— y acabando por el recurso que el Foro de la Profesión está estudiando presentar para impugnar los planes formativos de Enfermería Familiar y Pediátrica. Sin embargo, apenas quisieron pronunciarse acerca de unas cuestiones en las que no prima, precisamente, el consenso. Tras el respaldo que la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha expresado a dichos planes, el presidente de la OMC se limitó a constatar que el recurso sigue adelante y a calificar de positivas las discrepancias entre colegas. En cuanto al desarrollo de las guías y protocolos de fármacos de uso enfermero la ministra tomó la palabra para explicar que se encuentra en manos de los técnicos, sin especificar los encuentros mantenidos con los profesionales.
MÓNICA RASPAL
Madrid
Los médicos y los enfermeros deberán acreditar cada seis y cinco años, respectivamente, su competencia profesional a través de un sistema de certificación y recertificación que pondrán en marcha la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE) para promover la formación continuada y otorgar más seguridad a los pacientes.
Ésta es una de las medidas incluidas en el documento de adhesión al Pacto por la Sanidad que los presidentes de ambas entidades, Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado, han elaborado y presentado a la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, para mostrar así su respaldo a las todas las iniciativas que adopten el Gobierno y las comunidades autónomas para fortalecer la cohesión y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
¿Obligatoriedad?
Ambos organismos trabajan ya en los proyectos para poner en marcha esta validación periódica de la colegiación que ya estaba recogida en la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y que el presidente de los médicos espera se convierta en requisito obligatorio para ver pacientes, cuestión que probablemente se vea ligada al próximo desarrollo de la ley que definirá si la colegiación debe ser obligatoria para las profesiones sanitarias y que aún tiene pendiente el departamento de Jiménez. Así, la OMC ya ha puesto en marcha un proyecto piloto con 15 colegios provinciales —al que se sumarán después el resto de entidades—, que durante seis meses acreditarán las competencias y comportamientos de sus facultativos, analizando que no haya expedientes disciplinarios previos, que desempeñen su profesión con absoluta corrección y que física y psíquicamente estén en las mejores condiciones.
El Consejo de Enfermería, por su parte, trabaja también en un modelo que, a imitación del sistema canadiense, fija una evaluación cada cinco años con un comité y unos baremos claramente establecidos en torno a la práctica diaria del profesional, su formación continuada, los procesos de investigación en los que ha participado, las publicaciones y su asistencia a congresos y seminarios, de forma que la reevaluación sea casi “automática”.
Además, el CGE estudia fijar una prueba para aquellos enfermeros que hayan abandonado la profesión y vuelvan a ella tras un largo periodo de tiempo, aunque tanto este Consejo como el de médicos descartan implantar “exámenes”.
Registros de profesionales
Otra de las premisas incluidas en el documento es la elaboración por parte de los consejos generales, autonómicos y provinciales de médicos y enfermeros de los registros públicos de profesionales en cumplimiento de la LOPS, que establece que estos deben ser accesibles a la población y estar disponibles para las administraciones sanitarias.
