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“Eliminaremos por Estatutos los acuerdos de colaboración con bancos, seguros, viajes… Los únicos ingresos serán nuestras cuotas colegiales. El prestigio y dignidad del médico no puede usarse para recomendar marcas, productos o servicios a cambio de unos ingresos”. Entre este texto y éste: “No es función del Colegio, y se entenderá que excede de su capacidad de obrar, la mediación o promoción, publicidad o recomendación de todo tipo de productos y/o servicios a título individual (…) el Colegio contratará en condiciones ventajosas y siguiendo los procedimientos de contratación que rigen en las Administraciones Públicas”, hay una promesa electoral incumplida con menos de un año de diferencia. Por más que a la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia López Arribas, insista y predique que su reforma es para garantizar la independencia y la libertad de la corporación —la última vez durante la toma de posesión del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, que se celebró en el Icomem—, las diferencias saltan a la vista.
Y es que aunque la presidenta utilice el argumento de que los acuerdos se establecerán mediante una ley de contratos como la que rige en las Administraciones Públicas, lo cierto es que el colegio, por su naturaleza de Corporación de Derecho Público, participa de facultades delegadas de la propia Administración, por lo que ocupa una posición de prevalencia o dominio que le inhabilita para intervenir en el mercado de venta, puesta a disposición o mediación de bienes o servicios. En caso de intervenir, según fuentes judiciales consultadas por esta publicación, se estaría incumpliendo la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Competencia Desleal y las directivas europeas al respecto, e incluso podría darse un delito de corrupción entre particulares.
GACETA MÉDICA ha querido recabar la opinión de los colegiados al respecto. Guillermo Sierra, expresidente de la OMC y miembro de la Asamblea de Compromisarios, expresó sus dudas sobre esas “condiciones ventajosas” que aparecen en la propuesta de reforma de los estatutos, cuyo plazo para las alegaciones de los colegiados finalizan este viernes. “Creo que es una puerta falsa para que sigamos como estamos en estos momentos”. Sierra insiste en que se debe establecer en los estatutos que no haya contratos con bancos, aseguradoras, etc.
Mientras, el estomatólogo Julio González Iglesias insiste en que el compromiso electoral es la eliminación de todos los contratos del Icomem, salvo los propios inherentes al mantenimiento esencial como limpieza, informática o teléfonos. Para lo demás, señala, se debe dejar fluir libremente al mercado, y que cada uno de los colegiados sea libre para elegir el producto o servicio que prefieran. “La Asamblea de Compromisarios no puede tomar decisiones sobre cuestiones que no le son propias y que tampoco son legales porque quedan fuera del ámbito de las atribuciones de una corporación de derecho público”, apuntó al tiempo que aclaró que los colegiados de la candidatura de López Arribas dejaron bien claro que no querían contratos.
Javier López de la Morena, coordinador general de Femyts, también ha mostrado inquietud acerca del texto de la Junta Directiva de López Arribas. “La modificación es ambigua”, manifiesta.
Por su parte, el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, considera que la contratación de personal debe pasar por la Asamblea de Compromisarios. Los problemas con el director gerente, al que se le asignó un sueldo de más de 150.000 euros y que ha demandado al Icomem tras el cese de sus funciones, ha provocado un importante malestar. “Se ha contratado a un director general con un gasto enorme. Se le han dado unas funciones desmedidas que luego ha tenido que quitarse y que ha llevado al colegio a una demanda. Me sorprende haya sido felicitado públicamente”, señala Sierra.
