Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para el profesional sanitario. Pueden ser un medio para transmitir y recibir información, pero también una vía para atacar el prestigio del médico. Los últimos estudios ponen de manifiesto que en estos años se ha producido una disminución de las agresiones físicas y verbales. Sin embargo, el despacho DS Legal Group advierte de un incremento de los ataques a profesionales sanitarios en Twitter, Facebook o plataformas similares.
El informe de 2014 de la Organización Médica Colegial (OMC) constataba que la violencia ha descendido un 30 por ciento en los últimos cuatro años. La actividad de DS Legal con sus clientes corrobora esta evolución, a pesar de haber percibido un repunte en el último año de las agresiones verbales, tales como los insultos o las amenazas. En 2014, este despacho sólo gestionó tres casos de atentado físico, frente a los seis de 2013. En cuanto a los insultos y las amenazas, contabilizó 65 incidentes, frente a los 60 del año anterior.
En concreto, el despacho gestionó el año pasado 140 expedientes, “de los que aproximadamente un 65 por ciento acabaron en los tribunales”. Existen diferentes motivos por los que el profesional decide no denunciar. Entre ellos, destacan el miedo o el coste del proceso judicial.
Cambio de tendencia
En el caso de los ataques a través de las redes sociales la tendencia es bien diferente. Si en 2012, el despacho registró 10 casos, la cifra aumentó a 50 en 2013 y a 72 en 2014. Se ha producido un incremento del 620 por cien en tan solo dos años. “Es la que más ha proliferado en los últimos años y es un medio con el que se puede hacer mucho daño al médico”, advierte Conrado Núñez, consejero delegado de DS Legal Group. Este tipo de agresión a través de internet tiene un componente diferente. La violencia física y verbal se produce con más asiduidad en el ámbito público. “Entre un 60 y un 70 por ciento ocurre en la sanidad pública”, destaca Núñez. Los ataques al prestigio profesional en las redes sociales tienen como diana al profesional que ejerce en el sistema privado. “Cuando un paciente va a la sanidad pública se dirige a un servicio específico, pero cuando acude a la sanidad privada busca contratar los servicios de un médico en concreto”, resalta Núñez.
Cuando quiere expresar su descontento, el agresor “ataca la línea de negocio de una actividad privada y en la sanidad pública todo queda más difuminado”, añade.
Las redes sociales presentan un problema añadido. El responsable de Sanidad del sindicato CSI-F, Francisco Toquero, advierte de que los ataques pueden llevarse a cabo “con una identidad falsa o desde el anonimato”.
Precisamente el colectivo de médicos que ejercen por cuenta propia se han visto agraviados en la última modificación del Código Penal. La reforma legal sólo reconoce como autoridad pública a los profesionales que desempeñan su labor en los hospitales gestionados por la administración. Esta modificación del texto ya ha provocado las críticas de la Organización Médica Colegial, a pesar de que la reforma legal venía a responder una de las reclamaciones históricas del colectivo médico. Precisamente la iniciativa ha partido del portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Senado, Jesús Aguirre, que desde 2004, cuando presidía el Colegio de Médicos de Córdoba, venía solicitando este cambio.
El consejero delegado de DS Legal Group entiende que esta situación genera “un problema porque va a causar una indefensión y desprotección de este colectivo”. Pero no es el único aspecto que ha generado el descontento de la corporación que preside Juan José Rodríguez Sendín. El presidente de la OMC ya transmitió el pasado marzo su malestar por la iniciativa del Partido Popular de despenalizar los insultos y ataques verbales. La modificación aprobada sólo los considera como falta.
Estado de crispación
Pero a pesar de que los registros muestran un descenso de las agresiones físicas y verbales, los médicos aún perciben un estado de crispación a causa de los recortes provocados por la crisis económica. “La relación entre el médico y el paciente no tiene por qué verse alterada, pero cuando el enfermo tiene que esperar demasiado tiempo en la consulta pueden surgir problemas”, señala la secretaria de Salud Laboral del sindicato CESM, Pilar Bartolomé, quien lamenta que las esperas se hayan prolongado por las reducciones de personal.
CSI-F trabaja desde hace meses en la elaboración de un estudio sobre las agresiones a los profesionales sanitarios. En un primer análisis, Francisco Toquero señala que la violencia ha evolucionado de manera diferente en función de la comunidad autónoma. “En aquellas donde se han tomado medidas ejemplares, con multas cuantiosas para los agresores o con la publicación en prensa de las sentencias judiciales, hemos visto una mayor reducción de las agresiones”, afirma Toquero.
Regiones como Comunidad Valenciana o Aragón que han aprobado decretos para el reconocimiento del profesional sanitario como autoridad pública también han experimentado un decrecimiento más pronunciado de las agresiones. No obstante, Toquero insiste en que la violencia no sólo tiene como diana al médico sino también a otros colectivos que trabajan en la sanidad como los celadores, los enfermeros y los administrativos.
65%
de los casos
de violencia llegan a los tribunales, según explican desde DS Legal Group. Entre los motivos que argumentan los médicos para no acudir a la justicia destacan el miedo a las represalias y el coste.
70%
de los incidentes
de agresiones físicas y verbales se producen en el ámbito público. No obstante ha surgido otro tipo de ataques que han comenzado a afectar de manera especial a la sanidad privada: el intento de desprestigio desde las redes sociales .
En 2007, el Tribunal Supremo reconocía por primera vez la agresión a un médico como delito de atentado. El magistrado condenó con prisión y 65.000 euros de multa a un paciente que agredió a un profesional sanitario del servicio público catalán.
No obstante ya se habían producido diferentes precedentes. En concreto un juzgado de lo penal de Córdoba decidió que este tipo de ataques constituía un delito y no una falta como hasta ese momento se venía resolviendo ese tipo de casos. Dos años después el mismo tribunal sentenció que la violencia sufrida por un médico y un celador de Pozoblanco (Córdoba), cuando realizaban una visita domiciliaria, constituía un delito de atentado.
Precisamente el colegio de esta ciudad andaluza había insistido de manera especial en la necesidad de reconocer al médico como autoridad pública para acabar con las agresiones.
