Nuevos síntomas de la división interna en el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). El juzgado de Instrucción número 50 ha admitido una querella a trámite contra la presidenta de la corporación, Sonia López Arribas; su marido y capitán de Corbeta de la Armada, Joaquín Ruiz Escagedo, y el ex director general, Antonio Mora, por revelación de secretos oficiales.
La denuncia viene firmada por siete de los ocho miembros de la Junta Directiva, y se apoya, entre otras pruebas, en el correo electrónico que envió Ruiz Escagedo a Asunción Rosado, persona de confianza de Miguel Ángel Sánchez Chillón, candidato a las elecciones del Icomem, y que adelantó GACETA MÉDICA (ver GM nº 489). Ante estas circunstancias, el juez solicita en el auto la citación de los tres querellados “en calidad de imputados” para el próximo 27 de marzo.
La información que se desprende de este correo pone de manifiesto, a juicio de los siete miembros de la Junta Directiva, que Ruiz Escagedo “no solo tiene amplio y detallado conocimiento y acceso a información interna del Icomem, y la revela a terceros, con conocimiento y aceptación de la Dra. López Arribas, sino que es quien realmente dirige las labores de la presidencia del Icomem”.
La imputación de López Arribas llega en un momento de transición en el colegio. La pasada Asamblea de Compromisarios adoptó la creación de una comisión encargada de reformar los estatutos para eliminar las contradicciones entre varios artículos —concretamente el 3 y el 4—.
Una vez que se haya llevado a cabo la modificación estatutaria, la Junta se comprometió a dimitir en pleno y a convocar nuevas elecciones con el objetivo de dar entrada a un nuevo equipo directivo.
La lucha de los estatutos
Pero el hecho más grave al que hacen referencia los miembros de la Junta es la revelación del proceso de modificación de estatutos. Como documentos anexos en su querella —a la que ha tenido acceso este periódico— el equipo directivo alega que el pasado 25 de mayo la presidenta del colegio remitió el informe interno de la asesoría Jurídica del Icomem sobre la reforma estatutaria. Hasta ese momento, sólo habían tenido acceso los miembros de la Permanente, ni siquiera el Pleno de la Junta Directiva. A partir de aquí comienza una cadena por el que el informe pasa a manos de Mora y del ex asesor Carlos Amaya, que había sido cesado de su cargo en diciembre de 2012 “por pérdida de confianza” y “por falta de confidencialidad”.
Después del cese de Mora el pasado octubre, el Pleno de la Junta Directiva adoptó el acuerdo de acceder al correo corporativo del ex director general, “conforme a un informe jurídico que se había solicitado al efecto”. Esta indagación permitió a la Junta Directiva conocer las actividades de Mora en el colegio. En diferentes correos electrónicos se pone de manifiesto que tanto López Arribas como Mora transmitieron información reservada referente a contratos, información sobre el estado del colegio o el contrato laboral del propio Mora a personas ajenas a la institución, a pesar de que habían firmado en marzo del año pasado un documento en el que se comprometieron a “salvaguardar el principio de confidencialidad en todos sus actos y mantener el debido sigilo profesional, sin que pueda divulgar documentación alguna a la que tenga acceso por razón de su relación con el Icomem”.
La modificación de los estatutos ha sido una de las causas del enfrentamiento de la Junta Directiva. Según la querella, Ruiz Escagedo y el propio Mora redactaron la propuesta de reforma que debía hacer López Arribas al resto de los miembros de su equipo.
