Wikicomem/ Podía disponer de hasta 150.000 euros del colegio sin autorización de la Junta Directiva ni la Comisión Permanente

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Alejandra L. Souza Madrid | viernes, 12 de abril de 2013 h |

Hasta la llegada a la presidencia de Sonia López Arribas, el Colegio de Médicos de Madrid no había tenido la figura del director gerente. Fue la propia presidenta la que decidió poner en ese cargo a alguien de su confianza como es Antonio Mora, otorgándole y delegando en él unas funciones que no vienen contempladas en los antiguos estatutos, ni en el proyecto de los nuevos (actualmente en período de alegaciones). Esta decisión no gustó en la Asamblea de Compromisarios, dado que el cargo, con una partida de 153.500 euros anuales —6.000 mensuales netos por 15 pagas como se establece en su contrato—, se llevaba alrededor de un 2 por ciento de las cuotas anuales que pagan los colegiados y generó que los primeros presupuestos de López Arribas no llegaran a buen puerto. Tras este episodio, en enero, se produjo el cese parcial de las funciones del director gerente, una decisión que Mora ha llevado a los Tribunales, lo que ha hecho que se valore su readmisión, aunque al cierre de esta edición aún no había confirmación al respecto, según ha podido saber GACETA MÉDICA.

Los documentos de contrato y poderes de Mora, a los que ha tenido acceso esta publicación, datan del 6 de julio de 2012. En ellos se detallan las funciones que éste puede llevar a cabo “ en nombre y representación” de la presidenta, unas funciones que dejan toda la gestión del colegio en manos del director gerente, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por GM, se denominan “de ruina”. Para empezar, en el capítulo económico, el alto directivo puede disponer de 150.000 euros sin necesidad de autorización alguna y con un límite anual máximo del 5 por ciento del presupuesto anual del colegio, lo que supone operaciones de hasta 373.945 euros. Algo cuanto menos sorprendente, si se tiene en cuenta que en la administración pública se obliga a solicitar tres ofertas para compras superiores a 18.000 euros, mientras que el directivo no tenía obligación de dar explicaciones a la Junta ni a la Comisión Permanente siempre y cuando no se excediera esa cantidad. A esto se suman facultades que van desde la representación del colegio ante toda clase de entidades, hasta la contratación de todo tipo de servicios y las operaciones con bancos, pasando por la gestión de los recursos humanos. De este modo, no sólo se delegaban en él las funciones de la presidenta, sino también las del tesorero y las del secretario de la entidad, vulnerando así los artículos 22, 24 y 26 de los estatutos del Icomem, de acuerdo con los juristas. Es más, en concreto, el artículo 58 especifica que corresponde “al presidente y al tesorero la función de intervención y firma de todos y cada uno de los gastos que, aprobados en el presupuesto, se efectúen en el colegio, así como de su posterior proceso de pago, mediante la firma de la correspondiente”, algo que podrán delegar, con objeto de agilizar el proceso burocrático y administrativo, en otro miembro de la Junta Directiva. Ni rastro, por tanto, de la figura del director gerente, ya que éste no pertenece a dicha junta. Por ello, los letrados apuntan a que la presidenta ha confundido una Corporación de derecho Público con una sociedad de su propiedad y con esa decisión podría haber vulnerado no sólo la legislación aplicable a los colegios y los propios estatutos, sino la propia Constitución, ya que si los órganos colegiales tienen las funciones que se les atribuyen en virtud del principio democrático de elección de los colegiados, y privarles de las mismas, para concederlas a un tercero, que además no es médico, es equivalente a privarles de su capacidad para elegir los órganos que rigen la voluntad del Icomem, que es quien ha de ampararles y representarles ante los poderes públicos.

Por todo ello, dado el incumplimiento de los estatutos, la Organización Médica Colegial y en concreto la Comisión de Deontología tendría potestad para intervenir, así como también podría hacerlo la Comunidad de Madrid, al ser el órgano colegial una Corporación de Derecho Público dependiente de la administración autonómica, e incluso cabe la duda de si la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan) podría tomar cartas en el asunto a pesar de que López Arribas está liberada como militar.

Un agente del CNI

El perfil del director gerente ha estado rodeado de misterio. Según fuentes consultadas por esta publicación, Mora se presentó en un primer momento como un agente del CNI, cuya presencia se justificaba porque la presidenta provenía del ámbito militar. Muchos de los que vivieron esa situación la califican de “ridícula” pero tras un tiempo Mora hacía “alarde de ser el dueño y quería controlarlo todo” hasta el punto de hacer reuniones interminables y sembrar el miedo entre los empleados. “No lo quiere la junta directiva ni la Asamblea de Compromisarios”, aseguran. Así, según el currículum que se expuso en la Asamblea de Compromisarios, su experiencia laboral es variada y más ligada al sector del turismo, con la gestión de un campo de golf y un hotel en Canarias, y no cuenta con titulación universitaria.

Se valora la readmisión de Mora tras interponer éste una demanda por el cese de sus funciones

Los poderes otorgados podrían inclumplir los artículos 22,24 y 26 de los estatutos colegiales

A pesar de las promesas electorales por un colegio con independencia y libertad, que no pueda usarse para recomendar marcas y que huya de los conflictos de intereses, lo cierto es que los estatutos que ha presentado a los colegiados la Junta Directiva están muy lejos de cumplir con ese objetivo. Las promesas se quedan en agua de borrajas con un texto normativo donde se da vía libre para la entrada de las empresas privadas. La clave, según explicaba el pasado número GM, está en el nuevo redactado del artículo 4 que especifica que no es función del colegio la mediación o promoción, publicidad o recomendación de todo tipo de productos a título individual, pero apunta a que sí se contratará “en condiciones ventajosas y de acuerdo a los procedimientos de contratación que rigen en las Administraciones Públicas”. Esas “condiciones ventajosas”, que tiene potestad para decidir la propia Junta Directiva, son las que abren la puerta a la contratación de empresas privadas y, por tanto, ponen en duda que los únicos ingresos que consiga el colegio sean los de las cuotas de sus colegiados. Una oportunidad de independencia perdida que aún podría subsanarse con las alegaciones de los colegiados, que pueden hacerse hasta el próximo 10 de mayo.