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Sin posibilidad de alegaciones. Así se han quedado los socios de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) respecto a los nuevos Estatutos y Reglamento Electoral, después de que se votasen las modificaciones sin previo debate. Así lo ha explicado a GACETA MÉDICA, Paloma Casado, miembro de la candidatura a las elecciones de Madrid, quien aseguraba que cuando se envió el correo hace un mes informando de los cambios que se podían consultar en la página web, no había lugar a sugerencias u opiniones. “Esperábamos que hubiera posibilidad de cambios en la reunión. Tras haberlos aprobado, no tiene sentido establecer ningún debate”, puntualizó al respecto de la afirmación de José Luis Llisterri, presidente de la sociedad, acerca de la posibilidad de realizar nuevos cambios que se podrían incluir en la próxima Asamblea General de Barcelona. Las modificaciones han salido adelante en una Asamblea Extraordinaria convocada en Madrid tras la celebración de 16ª Jornadas Nacionales con 205 votos a favor, 75 en contra y 4 abstenciones.
Estos nuevos estatutos, cuya aprobación según Llisterri era “muy urgente” a pesar de ser los mismos con los que ganó las elecciones, se aprueban después de que la junta directiva nacional (JDN) haya intervenido en las elecciones de Madrid y País Vasco, donde se han establecido sendas juntas gestoras, saltándose las recomendaciones de la junta electoral (JE). Así, el redactado aprobado respecto al reglamento electoral señala que las decisiones que tome la JE serán recurribles en apelación ante el Consejo de Gobierno en el término máximo de siete días naturales. Es decir, deja en manos de éste la decisión final, así se consigue, en palabras de Llisterri, poner fin “a las dificultades de interpretación” que se venían produciendo en los últimos meses.
“Los estatutos dan más control al Consejo de Gobierno y quitan voz al socio”, aseveró Casado afirmando que se ha perdido la oportunidad de reformar el voto delegado, algo que demora mucho el proceso electoral. De este modo, estos debían haberse eliminado o bien se podía haber establecido un sistema electrónico con firma verificada. Y es que, a su juicio, lo que la JDN ha pretendido con estas reformas es “legalizar” lo que ellos han hecho en los comicios madrileños, rebocando la decisión de la mesa electoral. “Esto deja a los socios en situación de indefensión y puede que no se respete su decisión. Con esto se quitan los sistemas de control y se deja todo en manos del Consejo de Gobierno. Las reglas del juego se han complicado. No se pueden hacer unos estatutos en función de la situación de unas elecciones. Se ha perdido una oportunidad muy importante” , acotó Casado.
Mientras Llisterri sigue insistiendo en que bajo esta nueva normativa se podrán convocar las elecciones de País Vasco y Madrid, en esta última el proceso está en manos de los tribunales y tanto la candidatura de Carmen Valdés como la de Milagros González Béjar esperan fecha para ir a juicio por las demandas presentadas contra la JDN (ver GM núm. 458).
No ha habido debate previo a la aprobación de los estatutos, ni plazo de alegaciones
Las demandas de Valdés y González Béjar contra la JDN están a la espera de juicio
