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Al conflicto sanitario que los recortes “indiscriminados” están provocando según los profesionales, se suma la brecha abierta entre el Ministerio de Sanidad de Ana Mato y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) que apoyará dicha lucha con la convocatoria de paros parciales —aunque descarta la huelga general— no sólo por el “colapso” que están sufriendo sus servicios como consecuencia de los ajustes, sino para reivindicar la prometida creación de su especialidad vía MIR, en lugar de convertirse en un área de capacitación específica como ha propuesto el Ejecutivo en la futura reorganización de la formación especializada. El cambio de criterio “sin argumentos” por parte del Partido Popular cinco años después de llegar a un acuerdo con todos los grupos para su puesta en marcha —el Congreso de los Diputados aprobó en 2007 una proposición no de ley instando al Gobierno central a la aprobación de la especialidad— ha encendido los ánimos de Semes, que ha acusado a los actuales titulares de Sanidad de actuar en contra de la evidencia, el sentido común y las recomendaciones de los expertos. “Además, la opción del área de capacitación específica va a suponer un despilfarro para las arcas públicas”, han matizado desde esta sociedad.
Todo apunta a que la unidad de acción que las organizaciones médicas anunciaron a finales de julio —la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC) constituyeron una Plataforma— contra los recortes en el Sistema Nacional Salud (SNS), se materializará en el inicio de movilizaciones y paros durante septiembre, pues las restricciones en la atención se han agravado aún más durante los meses de verano alcanzando situaciones de conflicto extremo como en el caso del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Los facultativos de la quinta planta de este centro —con el apoyo de la Plataforma por la Sanidad Pública de la provincia y el respaldo del Consejo Autonómico de Médicos— han advertido de que demandarán por la vía judicial al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en caso de que corra peligro la vida de los pacientes —tras el cierre de una planta y la inclusión de una tercera cama en habitaciones preparadas para dos— pues lo consideran una “violación” del derecho ciudadano a la prestación de asistencia sanitaria en condiciones de igualdad. Por el contrario, el gerente del hospital, Rodolfo Antuña, ha negado dicha “alarma” y ha asegurado que durante los meses de junio, julio y agosto de este año, el Virgen de la Luz ha registrado menos terceras camas que en los veranos de 2011 y 2010.
También los sanitarios de La Rioja han mantenido las concentraciones ante los centros públicos durante todo agosto —haciendo especial hincapié en que el viernes 31 es el último día de cobertura sanitaria universal en nuestro país— mientras que en Castilla y León el sindicato enfermero Satse ha anunciado que continuará con las movilizaciones en septiembre tras conocer el plan de reordenación regional de la atención primaria que implanta las unidades de gestión clínica en un momento, en su opinión, “muy poco procedente” tras la disminución del número de contrataciones y el aumento de la jornada laboral.
Además, esta consejería anunció a principios de agosto la aprobación de un decreto por el que se suspenderán los incentivos de productividad variable a unos 31.000 profesionales de la comunidad, tras el plante de los sindicatos en la mesa sectorial.
Tampoco en Asturias estas centrales han conseguido alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de regulación de jornada presentada por el Gobierno del Principado, al que han acusado de declararles “la guerra” yendo mucho más allá que el Ejecutivo central con su propuesta de aumentar como una guardia las dos horas y media semanales —supondrá trabajar 18 días más al año— y además reducir las “peonadas” y la contratación eventual, lo que para los sindicatos supone intentar imponer “métodos de la empresa privada” sin negociar con los afectados.
Medidas alternativas
Más dialogante, el portavoz del Gobierno balear, Rafael Bosch, ha aclarado que no cerrarán el Hospital General ni el Joan March siempre que el plan de viabilidad elaborado por los trabajadores consiga, con sus medidas alternativas, el ahorro previsto de 25 millones de euros con su clausura, mientras que el consejero de Salud extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrión, ha alcanzado un principio de acuerdo con los colegios y el sindicato médico para “flexibilizar” la jornada laboral de 37,5 horas, de forma que sean los propios profesionales los que organicen su aplicación.
Además, los médicos han propuesto medidas para “corresponsabilizarse” en el control del gasto farmacéutico en la región—como la introducción de intercambiables terapéuticos, la prescripción por principio activo y la autorización de guías de referencia para la prescripción— según criterios “objetivos, medibles y contrastables” que concretarán en próximos encuentros.
También el responsable de Sanidad de Aragón, Ricardo Oliván, ha invitado a los sindicatos sanitarios a colaborar en el diseño de una estrategia de ahorro para cumplir con el objetivo de déficit fijado en su departamento, desarrollando las medidas de gastos de personal o de material farmacéutico y hospitalario que están pendientes de adoptar en la actual legislatura y que deberán acelerarse. Para ello, Oliván mantendrá reuniones con cada una de estas centrales, así como con el colectivo de pacientes y con el resto de fuerzas políticas.
Pago a la concertada
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha confirmado a las patronales del sector social y sanitario concertado que el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) efectuará el pago correspondiente al mes de agosto antes de que finalice, tranquilizando de esta manera a estas entidades tras el impago que se produjo en julio y que aún desconocen cuando se efectuará.
