carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 06 de abril de 2012 h |

El Consejo de Ministros decidió, el 30 de marzo, llevar las subastas andaluzas al Tribunal Constitucional, pero lo hizo presentando sólo un conflicto positivo de competencias a la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que convocó la primera selección de medicamentos. Esto implica, de facto, la suspensión temporal durante cinco meses de la resolución, a la espera de que posteriormente el Gobierno pueda interponer recurso de inconstitucionalidad contra el propio Decreto-ley que da origen a todo el procedimiento. Lejos de un punto y final, el asunto ha enquistado la brecha en las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central.

Para empezar, los servicios jurídicos de la Junta continúan analizando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Ministerio de Sanidad por presuntas presiones y amenazas a las empresas seleccionadas en la primera subasta, así como contra las siete de las once empresas que plantaron al SAS en la firma de los convenios.

Además, Andalucía se ha replegado en la defensa de las subastas, apoyada en los informes favorables de su Consejo Consultivo y contra lo que califica como un “pulso” del Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Seguiremos luchando por un modelo que entendemos justo”, explicaba la Junta en un comunicado posterior a la decisión del Consejo de Ministros que acusa al Gobierno Central de posicionarse “de parte de las grandes multinacionales de farmacia, perjudicando los intereses de Andalucía y su ciudadanía”.

“No es casual”, según Andalucía, que la decisión del Consejo de Ministros se produzca días después de las elecciones autonómicas, y para la Junta supone una “deslealtad manifiesta” con la disposición al diálogo manifestada por el Ejecutivo regional. “No se entiende que se solicite dialogar para el Decreto-Ley de medidas urgentes de farmacia y se lleve al Tribunal Constitucional la resolución que deriva de este y del que bebe en argumentos y en exposición de motivos y normativa”, añade el comunicado.

Informes contradictorios

Tanto las patronales de la industria, Farmaindustria y Aeseg como los representantes de los farmacéuticos andaluces, Cacof y Ceofa, han respaldado ya la decisión del Gobierno, que emana directamente de las opiniones vertidas previamente de los Ministerios de Sanidad y Administraciones Públicas, así como el Consejo de Estado.

Los informes del Consejo Consultivo de Andalucía, que aseguran que las actuaciones del Ejecutivo regional se encuentran dentro del marco competencias andaluzas, chocan frontalmente con el primero de los dictámenes liberados por el órgano consultivo del Gobierno. En sus conclusiones, el Consejo de Estado asegura que la resolución andaluza entra en conflicto con las competencias exclusivas del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad y en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y supone directa e inmediatamente la afectación del régimen económico de la Seguridad Socia, al excluir medicamentos de su dispensación (y por lo tanto de su financiación) en el sistema sanitario público.

Asegura también que vulnera la competencia estatal en materia de legislación de productos farmacéuticos; altera el régimen de dispensación y sustitución al obligar a las farmacias a dispensar sólo los medicamentos seleccionados; y supone una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica reconocida como mínima y común por la normativa estatal.