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Los médicos madrileños y valencianos han protagonizado esta semana unos paros parciales en su jornada laboral que serán aún más duros en el caso de los profesionales de Baleares, que han convocado una huelga indefinida a partir del 6 de julio, aunque han dejado la puerta abierta a una negociación que la evite.
En el caso de Madrid, las tres horas de inactividad durante tres jornadas seguidas— en turno de mañana y de tarde— han tenido un seguimiento del 70 por ciento, según el sindicato convocante Amyts y del 10 según la Consejería de Sanidad, aunque el primero ha acusado a la segunda de no respetar los mínimos pactados en atención primaria y ha criticado su escasa predisposición al diálogo y el “descontrol” en la línea de mando de un departamento que no ha convocado ninguna reunión con el Comité de Huelga.
También en la Comunidad Valenciana facultativos y enfermeros alentados por Cemsatse han realizado paros durante el pasado 28 de junio —con un seguimiento del 66 por ciento según los convocantes y del 9,5 según la Adminsitración—y tras impugnar unos servicios mínimos que, según la coalición, no fueron negociados, otro ejemplo de cómo la consejería de Luis Rosado “desprecia” a los profesionales.
Por su parte, el Sindicato de Médico de Baleares (Simebal) viene reclamando durante varias semanas que no les anulen los complementos salariales que reciben desde 2008 y que este mes de junio han dejado de percibir y que, según la aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, además tienen que devolver. Esto supondría unas cantidades “escandalosas e inasumibles” de entre 30.000 y 50.000 euros para cada uno de los facultativos de Menorca, Ibiza y Formentera y de entre 20.000 y 25.000 euros para los de Mallorca.
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno regional, Simebal ha aprobado por unanimidad convocar un paro indefinida a partir del 6 de julio, que afectará a unos 4.000 facultativos de la sanidad pública, aunque pueden desconvocarla si la consejería les ofrece una solución.
Despido de interinos
De poco ha servido, sin embargo, la reunión que han mantenido los representantes del sindicato médico CESM-Castilla-La Mancha con el director general del servicio regional de salud (Sescam), tras la que han remitido a sus afiliados una información de la que se desprende que habrá más despidos de facultativos interinos antes de julio, aunque no les dieron datos concretos sobre el número de afectados —según el documento filtrado podrían ser unos 600—.
Además, el Sescam sólo contratará sustitutos en los casos “estrictamente necesarios”, por lo que el sindicato teme que sean “escasísimos” y el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz ya ha anunciado el cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) con menos actividad, aunque aún no ha concretado cuáles. Esto supondrá, según CESM, el despido de unos 125 trabajadores con categoría de personal estatutario para la atención continuada (PEAC) de toda la región y la merma retributiva de los médicos que hacen guardias o módulos de mayores de 55 años, algo que la Administración ha definido con el “eufemismo” racionalización de guardias.
En el comunicado, el sindicato baraja la posibilidad de que el Sescam elimine un 40 por ciento de los coordinadores y de que los funcionarios que no tengan un documento de prórroga indefinida, cuando lleguen a los 65 años o a la fecha de prórroga que viene en su resolución, serán jubilados “forzosamente“. Tampoco han ayudado las acusaciones lanzadas por Echániz hacia los equipos médicos que están al frente de los PAC —que “están durmiendo en vez de trabajando”, según el consejero—, que le han valido la petición de dimisión por parte de la Asociación de Médicos y Enfermeros de Personal Estatutario para la Atención Continuada ha solicitado su rectificación y dimisión.
La “falta de profesionalidad” del Servicio Murciano de Salud (SMS) también ha sido denunciada por las organizaciones sindicales Satse, CC.OO. y UGT de Murcia que han convocado una mesa sectorial el 9 de julio ante la “delicada” situación que atraviesa la sanidad y la falta de negociación e información de la Administración que se comprometió a reunirla el 26 de junio y, por el contrario, les ha excluido totalmente de decisiones muy importantes y que afectan al conjunto de los trabajadores.
