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El año pasado supuso un “punto de inflexión” en los motivos de las quejas del área sanitaria recogidas por el Defensor del Pueblo, más relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el ministerio y con las medidas adoptadas por las comunidades. Así, las limitaciones en el acceso, la reducción de las prestaciones, la exclusión de colectivos del ámbito de protección, la financiación de medicamentos, la supresión de centros de urgencia en AP y la insuficiente dotación de personal sanitario —entre otras muchas cuestiones recogidas en el informe— han puesto de relieve la pérdida de calidad de la que los profesionales vienen advirtiendo, sin demasiado éxito, desde hace tiempo a las administraciones.
Es el caso del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de la consejería madrileña, sobre el que los sindicatos no consideran haber llegado a ningún acuerdo. Por el contrario, el secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, ha rechazado la filtración a los medios de su inminente aprobación, algo que a su juicio ha roto la unidad del sector. Ezquerra también ha señalado que todavía no han recibido respuesta de la Administración sobre su propuesta “alternativa” al plan de sostenibilidad, una vez que su anterior planteamiento fue rechazado de manera verbal.
Además, esta central, junto con el resto de organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, ha recurrido judicialmente la aplicación de la nueva jornada de 37,5 horas semanales y la supresión de la paga extra de Navidad y ha adelantado la posibilidad de convocar movilizaciones el 14 de marzo, aunque por el momento descartan la opción de la huelga dadas las condiciones económicas actuales.
Por su parte, los colegios profesionales de médicos y enfermeros y las asociaciones científicas de atención primaria de Madrid han emitido un comunicado para rechazar de nuevo el modelo que defiende la consejería de Javier Fernández-Lasquetty ante el “bloqueo” en el que se encuentran las conversaciones con los profesionales sobre la gestión indirecta en los centros de salud. “Si los criterios económicos priman sobre los sociales se producirá un menoscabo para la salud de los ciudadanos”, afirman mostrando su apoyo y confianza a la labor que está desarrollando el Comité Profesional Médico y de Enfermería en la búsqueda de un acuerdo con Sanidad.
Muy diferente es la visión del consejero, que ha aclarado que el plan de recursos humanos simplemente establecerá los cauces para agrupar determinadas disposiciones legales que ya estaban vigentes como las cuestiones relacionadas con la movilidad o el traslado de trabajadores, algo que contempla la legislación y que nada tiene que ver con la externalización de los hospitales pues su intención es que quienes así lo deseen continúen trabajando en esos centros, ya que solo afectará al personal de los servicios no sanitarios.
Diálogo “nulo”
Tampoco en Andalucía el departamento de María Jesús Montero acepta las demandas de los facultativos que durante una nueva reunión de la Asamblea General del Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acordado continuar con los paros que mantienen de forma rotativa desde mediados de enero y conforme al calendario dispuesto, que llega hasta junio. También tienen intención de endurecer sus movilizaciones para denunciar la actitud “irresponsable” adoptada por la consejera con su “nula” disposición para el diálogo y la negociación. “Los médicos solo queremos trabajar más en nuestro horario normal como todo trabajador público”, aclaran.
El Gobierno catalán, por su parte, ha aprobado un recorte retributivo equivalente a una paga extra a los empleados del sector público, incluidos los de la Administración sanitaria y el Instituto Catalán de la Salud, por lo que el sindicato Metges de Cataluña ha expresado su temor a que este solo sea el primero de futuros nuevos recortes salariales y ha acusado a la Generalitat de “utilizar” los salarios de los trabajadores de la función pública “como fondo de rescate” sin escucharles ni negociar “medidas alternativas”.
En cuanto a la jubilación obligatoria a los 65, otro punto de conflicto en varias regiones, la consejería valenciana ha tenido que empezar a readmitir en sus puestos de trabajo a un grupo de facultativos que jubiló con esa edad durante el último año y medio, tras el aval jurídico que han recibido los recursos individuales presentados por parte de los afectados que alegaron la ausencia de un plan de recursos humanos que lo respaldara.
