Las patronales de la industria de medicamentos innovadores y de genéricos, Farmaindustria y Aeseg, respectivamente, se han felicitado de la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la resolución que convocaba la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que se convocó una subasta para la selección de medicamentos.
Farmaindustria ha respaldado la decisión del Ejecutivo al considerar que “está en línea con los dictámenes emitidos recientemente por el Consejo de Estado” en los que consideraba que existe “vulneración de las normas constitucionales de distribución de competencias” entre el Estado y las comunidades autónomas. Ello es motivo suficiente para la interposición de los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional.
La patronal de la industria innovadora considera igualmente que las subastas suponen “un caso más de inequidad” entre los pacientes, en función de su lugar de residencia, que provoca la “ruptura de la unidad del mercado farmacéutico” y crea una “grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas”. En este aspecto coincide plenamente con Aeseg, entidad que, además, apunta que el verdadero perjudicado sería el paciente, que “vería discriminado su derecho de elección a la hora de acceder a un medicamento en igualdad de condiciones que el resto de los españoles”.
No obstante, ya antes de la decisión del Ejecutivo, las subastas ya estaban heridas de muerte tanto por el escaso número de ofertas presentadas como por el aún más escaso número de compañías que finalmente firmaron los convenios. En este aspecto, desde algunas de las compañías que finalmente no firmaron los convenios se ha querido aclarar que su decisión fue absolutamente libre y en función de los informes jurídicos.
Sin presiones
“No hemos recibido presiones de nadie”. Así de contundentes han sido las palabras de alguna de las compañías farmacéuticas que no se presentaron a la firma de los convenios. Unas afirmaciones que contradicen las palabras de María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucía, que responsabilizó al Ministerio de Sanidad y al Partido Popular de Andalucía de las ausencias.
A pesar de que ninguna de las compañías consultadas ha asegurado haber recibido presiones en ningún sentido, las que no se presentaron a la firma se encuentran expectantes por la deriva que puedan tomar los acontecimientos, especialmente tras el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo. Y es que, el PSOE podría seguir en el gobierno regional andaluz si obtiene el apoyo de Izquierda Unida, y algunas compañías no ocultan que temen la posibilidad de algún tipo de represalia por parte del nuevo gobierno autonómico.
En este sentido, el mismo día de las elecciones, el ex secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, desde su cuenta de Twitter realizó una serie de comentarios sobre el efecto del resultado de las elecciones. “¿Noche de infarto para las compañías farmacéuticas que no firmaron el viernes el contrato de la subasta de fármacos?”, decía. Y es que, según él, la decisión de estas compañías obedeció a haber cedido “a las presiones del juego de las siete y media”. Por ello, una vez finalizado el escrutinio, se cuestionó si “firmarán la subasta ahora los laboratorios”.
En cualquier caso, las compañías preguntadas por EG siguen manifestando su convencimiento de que las subastas son ilegales y ponen el énfasis en la necesidad de esperar a que la “constitucionalidad” de las subastas se aclare.
