La resolución del problema de la deuda avanza a un ritmo similar al del goteo que produce un grifo mal cerrado. La última gota cayó con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que facilitará la llegada de 35.000 millones de euros a ayuntamientos y comunidades para que hagan frente al pago a sus proveedores a partir de mayo, con unas condiciones con un interés estimado del 5 por ciento y con un plazo de devolución de diez años, con dos de carencia.
Aunque las patronales han mostrado ya más de una vez signos de hartazgo, ahora sí han agradecido este avance del Gobierno. Eso sí, ante la incertidumbre que rodea al desarrollo y los criterios con los que se va a aplicar este mecanismo, todas coinciden en una cosa: rechazan de plano la opción de las quitas. En esta línea se mostró Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, que admitió que para la organización a la que representa este es un “tema tabú, una opción que no debe ni mencionarse”. Por su parte, Regina Revilla, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), aseguró que significaría una penalización “para todos aquellos que han cumplido previamente con los compromisos adquiridos”.
En este punto coincidió con Farmaindustria, que emitió un comunicado en el que recordó que si se introdujeran las quitas “se estaría mandando una señal muy negativa a los mercados internacionales”, un argumento que también fue puesto encima de la mesa por Fenin y Asebio. Un razonamiento similar fue el que emplearon algunas compañías consultadas por EG, que no dudaron en señalar que esperan que las administraciones hagan frente a la totalidad de la deuda contraída.
Alguna de estas compañías exigió, además, que se anteponga el criterio de antigüedad en los pagos a los proveedores, algo que beneficia a las empresas del sector sanitario, las cuales, según las cifras publicadas por Farmaindustria y Fenin, acumulan retrasos de más de 800 días en el pago de algunas comunidades autónomas. Sobre este particular, Alfonsel precisó que esto sería “lo más justo y sin duda una buenísima noticia para las empresas del sector”.
Eso sí, a pesar de la coincidencia de todas las patronales a la hora de rechazar las posibles quitas, encima de la mesa quedó otro asunto que no fue aclarado del todo: ¿Qué piensan hacer con los intereses de demora, a los cuales tienen derecho según establece la Ley de Morosidad? En el caso de Farmaindustria, el comunicado no hizo ninguna mención explícita al tema, aunque las empresas consultadas por EG exigen el cumplimiento estricto de la ley, postura que comparte Asebio. Por su parte, Fenin sí dejó la puerta abierta a renunciar a su reclamación, a la espera de que se concreten más detalles del plan de pagos.
A este respecto, Alfonsel precisó que “lo primero es cerrar las incógnitas que quedan abiertas sobre el instrumento del Gobierno y luego ya se responderá a estas preguntas”. ¿Cuáles son estas dudas? “Se ha hablado de destinar 15.000 millones para pagar al sector sanitario y aunque la cifra nos parece apropiada no está confirmada. También es necesario saber cuáles son las comunidades que se van acoger al plan de ajuste”, señaló.
A la espera de que el Gobierno dé un paso al frente, punto en el que a buen seguro se definirá una postura unívoca por parte de los proveedores, lo que está claro es que estos están satisfechos con que el Ejecutivo ya haya otorgado prioridad al problema de la deuda.
Algunos agentes del sector han pedido que prevalezca el criterio de antigüedad a la hora de hacer frente a los pagos
No ha quedado clara cuál es la postura del sector con respecto a la reclamación de los intereses de demora
El Consejo de Ministros aprobó la creación de un fondo de 35.000 millones para pagar a los proveedores
Las patronales del sector aplauden el paso dado por el Gobierno, aunque existen dudas acerca de su aplicación
