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Las movilizaciones médicas dejarán de ser exclusivamente autonómicas para convertirse en nacionales, según ha planteado la Comisión Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) con el apoyo del Foro de la Profesión —que también ha respaldado la propuesta de la Organización Médica Colegial (OMC) de celebrar un gran manifestación en Madrid el 23 de febrero—, aunque aún tendrá que ratificarlo el Comité Ejecutivo del sindicato previsto para el 9 de enero y la Plataforma de Unidad de Acción Médica —que forman OMC, Facme y CESM— que se reunirá el 8 del mismo mes. Su idea es canalizar y hacer valer las propuestas de los facultativos ante la situación de “incertidumbre” actual dada la acumulación de “desajustes presupuestarios” y los pasos que se están dando —incipientes por ahora pero “sintomáticos” de lo que puede venir más adelante— hacia la “gestión privada”, con la comunidad madrileña como principal referente.
Acuerdo en Madrid
Sin embargo, el consejero de Sanidad de esta región, Javier Fernández-Lasquetty, parece haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad —que tienen convocadas dos nuevas jornadas de paro general los días 19 y 20 de diciembre y una manifestación el 16— por el que estos se han comprometido a presentar el lunes “propuestas concretas” para conseguir un ajuste de 533 millones de euros y el Gobierno regional a estudiarlas y aceptarlas en el caso de que sean “efectivas” reconsiderando su reforma, según ha explicado el consejero en rueda de prensa.
Lasquetty ha reiterado su disposición al diálogo, asegurando que su departamento ha mantenido reuniones con más de 400 jefes de servicio y responsables de enfermería de hospitales, y se ha comprometido a reunirse también con el recién formado Comité Coordinador Profesional, que forman representantes de los jefes de servicio, de los coordinadores de centros de salud, del Colegio de Médicos, de los coordinadores de los planes estratégicos y de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y que se ha autoproclamado “portavoz único” del colectivo.
Paralizar el plan
Para estos profesionales —que emplazaron al presidente madrileño a una reunión el pasado jueves a las 10 de la mañana, cita que Ignacio González, según el consejero, nunca recibió— la primera medida de ahorro a adoptar en esta región es la paralización del Plan de Sostenibilidad ideado por la consejería pues, en su opinión, la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud supondrá un aumento del gasto que se podría evitar permitiendo que los profesionales pongan en marcha medidas alternativas.
Estos médicos también han negado que la Administración sanitaria haya iniciado cualquier tipo de diálogo pues, como recalcó en rueda de prensa Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, simplemente se ha limitado a llamar a los gerentes y éstos a trasladar a los jefes de servicio la necesidad de ahorrar para no despedir a sus eventuales, utilizando a estos médicos como “moneda de cambio” cuando forman parte de las plantillas estructurales de los centros —algunos desde hace diez años— en situaciones, en muchos casos, “fuera de la legalidad”.
Promotores del cambio
Aunque Lasquetty les ha acusado de inmovilistas, Pedro González, presidente de AFEM, puntualizó que no sólo están dispuestos al cambio, sino que quieren ser promotores de éste pero partiendo de un nuevo modelo que debe buscar la integración del sanitario en la gestión y establecer objetivos y auditorías de calidad a lo largo del proceso asistencial. De hecho, tal y como apuntó José Antonio Serra como representante de los coordinadores de los planes estratégicos que durante dos años han estado elaborando y presentando con el respaldo de la consejería, Sanidad ya cuenta con todas las propuestas en las que han trabajado más de 1.000 especialistas para sacar adelante su labor en un entorno restrictivo, sin que se les haya escuchado ni hayan llegado a ponerse en práctica.
Por su parte, aunque el sindicato médico de la comunidad, Amyts, está de acuerdo con el fondo de estas reivindicaciones y ha respaldado la huelga indefinida convocada por AFEM hace tres semanas, consideran que este autoproclamado Comité está rompiendo “unilateralmente” la unidad de acción de los facultativos pues contradice la normativa vigente que les otorga la representación en la mesa sectorial ante el Gobierno autonómico.