V.GUTIÉRREZ Toledo | viernes, 08 de junio de 2012 h |

El Parlamento de Castilla-La Mancha aprobó hace dos semanas los presupuestos generales de la comunidad con un techo de gasto de 8.290 millones de euros (con un límite financiero de 5.648,2 millones), de los cuales alrededor de 3.290.203,3 millones, el 40 por ciento del total, estarán destinados a partidas relacionadas con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y el Sistema de Salud de la comunidad (Sescam) que, por otra lado, va a soportar el 30,2 por ciento del ahorro previsto por el Ejecutivo para el año 2012. En las cuentas proyectadas, la Junta prevé medidas de ingresos por valor de 194, 3 millones de euros, mientras que en el capítulo de gastos estima un recorte de 1556,5 millones de euros.

En este sentido, en materia de ingresos, destacan medidas recaudatorias como la duplicación del Impuesto Sobre la Venta de Determinados Hidrocarburos, el llamado “céntimo sanitario”, con el que esperan obtener 25,8 millones de euros, y cuya aplicación solo está prevista para 2012. Asimismo, la Junta recoge en sus cuentas el impacto de operaciones de colaboración público privadas en materia sanitaria, que, en principio, generarán un aumento de los ingresos de 85 millones de euros en 2012, y otros 42,5 en 2013 y 2014.

La administración espera que tanto la gestión mixta, que se desarrollará en “hospitales y centros de atención primaria ya en funcionamiento”, incluidos los de reciente apertura, como el modelo de iniciativa de financiación privada, sean una alternativa a la financiación pública y posibiliten acudir al capital privado con el objetivo de poner en marcha proyectos en construcción de nuevos hospitales y renovación de infraestructuras hospitalarias ya iniciados en la legislatura anterior, pero sin generar un mayor endeudamiento de las cuentas regionales. No obstante, desde el ejecutivo regional ya se ha advertido de que, si bien se adoptarán modelos mixtos, la cartera de servicios permanecerá cerrada y se integrará plenamente con la del Sescam.

Respecto a las medidas que se desarrollarán sobre las partidas de gastos, los mayores recortes se producirán en los capítulos de gasto de personal y de transferencias corrientes, y sobre todo en el área de Sanidad. La Consejería de Sanidad ahorrará cerca de 168 millones de euros en medidas específicas. De ellos, 148,2 millones derivarán de las ayudas en materia de pensiones y prestaciones asistenciales, de otros programas sociales básicos y de las partidas de atención a la infancia y las familias numerosas, así como de los fondos destinados a la atención de los discapacitados, los menores y las personas mayores, entre otros.

Además, también se recortará el presupuesto mediante la reprogramación del inicio de obras ya presupuestadas, que supondrá un ahorro de 19,1 millones, y se eliminarán las transferencias a la Fundación de Cooperación y se racionalizarán las transferencias a personas mayores, con un valor de 6,1 millones de euros.

Medidas para el Sescam

Por su parte, la Junta cuantifica el ahorro que producirán las medidas proyectadas para el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha en 470,8 millones de euros, de los cuales 359 millones corresponden a medidas globales para el sistema de salud y 25,1 a los efectos del Real Decreto-ley 16/2012, y en los que se tiene en cuenta los 85 millones derivados de la colaboración público privada mencionados ya en el capítulo de ingresos. La aplicación de estas medidas se ha dividido, según la Junta, en dos vías principales: medidas de gestión y eficiencia organizativa, que permitirán ahorrar 37,6 millones, y medidas de austeridad y control de gasto, por las que se recortarán 178,1 millones de gasto.

Sobre los efectos concretos del RDL 16/2012 aprobado en mayo por el Gobierno central, el presupuesto elaborado por la Junta indica que los principales ahorros se producirán en base a la aplicación del nuevo copago farmacéutico, cuyo impacto durante los próximos seis meses se estima en 17,5 millones; la limitación del transporte no urgente, que permitirá ahorrar cerca de tres millones en el mismo periodo; y la adaptación de la normativa europea de libre circulación, que podría suponer un ahorro de 1,6 millones. Aunque, en este caso, ya se indica su difícil consecución por tratarse de “población sin recursos”.