Las listas de espera vuelven a cobrar protagonismo en la sanidad autonómica

En Galicia, el anteproyecto de Ley de Garantías de Prestación Sanitaria —que fija los tiempos de espera en 60 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas y en 45 para una consulta— pretende garantizar a los usuarios la atención en los plazos establecidos sin suponer esto un coste económico para la administración ni para el gasto público, a pesar de que el gobierno se compromete a reembolsar a los pacientes el importe de su atención médica en un centro privado si no son atendidos en plazo en la red pública, y a pesar de que está prevista la introducción de nuevos objetivos en los acuerdos de gestión de los centros sanitarios que incluyan incentivos a los profesionales vinculados a la reducción de las listas. Así, según declaraciones a los medios regionales del secretario general de Sanidad, Antonio Fernández Campa, la intención es “ser más eficientes gestionando los recursos que hay”, esto es, reducir la demora basándose en la posibilidad de desplazar a los pacientes a otros hospitales, fundamentándose en la libre elección de centro. “A los centros les fijaremos unos objetivos más apretados y más duros y tendrán que cumplirlos o buscar una alternativa al paciente para que se opere en plazo”, explicó el secretario, que admitió que, si bien es cierto que cualquier medida siempre tiene un efecto sobre el gasto, la consejería está ahorrando tanto con el plan de eficiencia energética como con la racionalización del gasto farmacéutico.

El punto más controvertido del texto normativo es, sin embargo, la posibilidad que plantea a los usuarios de acudir a un centro privado una vez que se ha superado los plazos máximos de espera establecidos. En este caso, el paciente tendría que adelantarle a la clínica el pago de la asistencia y esperar después a que la Xunta se lo devuelva, algo que el Sergas prevé que sea algo “excepcional”, ya que el desembolso sólo tendrá que efectuarse en caso de que el centro elegido no esté concertado con la administración. Para el PSdeG-PSOE, sin embargo, la ley “vulnera el derecho fundamental a la sanidad universal, pública y gratuita” y es “discriminatoria”.

Estas fórmulas ya están establecidas en el Hospital Clínic, que a través de su filial Barnaclínic también opera a los pacientes previo pago, y responden a la necesidad de buscar vías complementarias que aseguren la viabilidad de los centros, una cuestión que Fraçesc Duch, secretario general de Metges de Catalunya, se ha convertido “en una obsesión por la búsqueda de fuentes de financiación”.

Para Metges el hecho de poder pagar por saltarse los tiempos de espera conlleva el riesgo de que se puedan crear dobles listas y dobles vías de acceso. “Para que lo pudiéramos aceptar debería hacerse con otros criterios. La entrada de pacientes privados no puede ir en detrimento de los pacientes de la pública”, apostilló Duch en declaraciones a GM, quien cree que cobros moderados como el de la televisión no tienen importancia, si bien “es un disparate cobrar 20 euros por reclinar la butaca del acompañante” como sucede en el Hospital de La Esperanza y otros siete centros más. El sindicato no se opone, sin embargo, a otras fuentes de financiación como podría ser el pago por habitaciones individuales, ya que hay estancias vacías donde los gastos de mantenimiento se están produciendo “tirando el dinero”.