Hace medio año, a unas semanas de las elecciones generales, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, advertía de su intención de informar a todos los enfermeros del compromiso que ofrece cada partido político con el colectivo. Seis meses después, enfermería saca toda su artillería y amenaza con la misma campaña informativa en la que algunos saldrán favorecidos y otros no tanto, dependiendo del grado de cercanía hacia los enfermeros. El motivo por el que se llevó a cabo esta campaña en ese momento y en las próximas semanas coinciden: la prescripción enfermera, que sigue ‘haciendo aguas’ en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Como ha destacado González Jurado con los recursos contra el Real Decreto paralizados en el Supremo, después de que el Tribunal Constitucional aceptase a trámite el recurso de dos comunidades autónomas, la lucha contra la normativa está pasando casi exclusivamente por la vía política. En este sentido, el CGE está volviendo a solicitar a todos los grupos políticos que acaben con un conflicto que está afectando a los pacientes y enfrentando a compañeros médicos y enfermeros.
De este modo, una vez que se conforme el Parlamento y esté formado el nuevo Gobierno, los responsables enfermeros hablarán con el nuevo Ejecutivo para dar solución a esta situación.
Paralelamente a esto, se pondrá en marcha una iniciativa legislativa popular para que se trasponga al ordenamiento español la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales 55/2013, algo que España debería haber hecho a principios de año, tras transcurrir los dos años de plazo que concedió la Comisión Europea para trasponerla.
Como indicó González Jurado esta directiva obligará a modificar la legislación porque reconoce la existencia de los diagnósticos enfermeros y por tanto abre la puerta a la prescripción de medicamentos en el ámbito de sus competencias. Pero esta vuelta de tuerca al proceso no es nueva para el ministerio de Sanidad. Según reconoció el presidente de los enfermeros, 48 horas antes “del engaño del ministro” avisaron de que se estaba incumpliendo la normativa, y ésta tiene un rango superior a la legislación nacional, por lo que “se tendría que haber respetado”.
Con estos datos enfermería irá a Bruselas a presentar su denuncia para que la Comisión Europea abra expediente.
Sea de un modo u otro, aunque el Gobierno rectifique los enfermeros tienen claro que llegarán a Europa, ya que “la falta de transposición ha perjudicado a la profesión”.
En este sentido, si se hubiera tenido en cuenta la redacción del decreto habría sido diferente, teniendo en consideración la competencia de diagnóstico independiente, ya que se debería haber basado en el artículo 7 de la LOPS, que habla de la “dirección, evaluación y prestación de cuidados de enfermería”.
Esta redacción adicional, como ha explicado González Jurado, lleva meses encima de la mesa del ministro en funciones Alfonso Alonso. Con todo, el responsable tiene clara la solución a este problema. “Tenemos absoluta disposición al diálogo y al consenso. El ministro tiene en su poder una redacción de dos líneas con las que estoy seguro que todas las partes estaríamos de acuerdo, y por tanto, estaría resuelto el tema del decreto”, indicó.