carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 14 de marzo de 2014 h |

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ya tiene en su poder los ingredientes para tratar de diseñar una financiación al gusto de todos. La Sanidad tiene un peso fundamental en los informes que las comunidades autónomas han remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para explicar los efectos del modelo en sus regiones y defender sus propuestas de revisión. Todas están de acuerdo en que el actual modelo es injusto, aunque no hay visos de acuerdo a la hora de fijar criterios de reparto. Además de la dicotomía entre corresponsabilidad fiscal y financiación homogénea y la tradicional lucha de variables (renta, población, dispersión, envejecimiento, insularidad…) nuevas variables entrarán en juego a la hora de definir una financiación sanitaria suficiente para todos, a la sombra de los ajustes llevados a cabo en la lucha contra el déficit público.

Las comunidades autonómicas ya no solo se ven perjudicadas frente al resto en virtud del modelo de financiación. Además, son conscientes de que, en conjunto, se alejan cada vez más de la media europea. Por ejemplo, el bloque formado por Extremadura, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León en favor de un mayor peso de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida tiene la intención de buscar alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por su mismo problema.

Pero no es el único caso. El diferencial de gasto sanitario español con el europeo tiene un hueco muy importante en el informe de Cataluña. Según sus datos, los ajustes sanitarios llevados a cabo en España en 2012 han sido “mucho más intensos” que en los Estados miembro de la UE-27. Mientras en España el gasto público en sanidad caía un 8,8 por ciento, la media europea lo hacía un 3,9 por ciento, menos de la mitad.

Si al impacto de la crisis se suma la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica y la “asimetría” que Cataluña denuncia entre niveles de Gobierno en los esfuerzos de consolidación fiscal, el resultado según la Generalitat es que los niveles de gasto en sanidad en 2012 ha retrocedido a los diferenciales de 2002.

De manera muy resumida, la cuestión que habrá que dirimir en la nueva reforma del sistema es la cuestión que enfrenta a las dos comunidades más potentes frente al resto. Madrid y Cataluña creen que las autonomías que más recaudan (y por tanto más aportan) deben ser las que más dinero reciban. El resto, cada una con sus variables, cree que es fundamental ponderar adecuadamente el coste real de los servicios públicos para evitar las diferencias que existen, por ejemplo, en sanidad.

Desmontando mitos

Sobre esta cuestión, los informes de las regiones establecen una gran variedad de cálculos particulares y un enorme listado de agravios comparativos, sin importar el color político. El Gobierno no ha querido entrar a valorarlos. Espera que las balanzas fiscales, que se publicarán en abril, arrojen algo más de luz sobre el asunto. Este documento pretende concretar aún más el diferencial entre lo que el Estado recibe vía impuestos por cada autonomía y lo que gasta en cada una.

Su autor, Ángel de la Fuente, ha intentado aclarar algunos de los interrogantes que ahora pesan sobre los efectos reales del modelo de financiación. En un artículo publicado en enero, este economista e investigador del CSIC echa por tierra muchos de los argumentos con los que las comunidades están tratando de llevarse el gato al agua en la revisión del sistema. Según su análisis, por ejemplo, no existen motivos para que Cataluña alegue maltrato fiscal. La Generalitat, según el autor, no sale mal parada del modelo, a diferencia de la Comunidad Valenciana, la peor financiada de todas con diferencia, “que sí tiene motivos para poner el grito en el cielo”, dice el autor. Frente a ella se alzan comunidades como La Rioja o Cantabria, que parecen las más beneficiadas si de lo que se habla es de financiación homogeneizada por habitante ajustado.

Al margen de este asunto, la postura del autor parece dar la razón a las comunidades autónomas que instan a tener en cuenta el coste de los servicios. A este respecto, indica que “algunos territorios pueden necesitar más recursos que otros para ofrecer los mismos servicios, bien porque la fracción de la población que los necesita es mayor (como sucede con la educación en las regiones con poblaciones más jóvenes y con la sanida++d en las más envejecidas) o bien porque los costes unitarios de algunos de ellos pueden ser más elevados como consecuencia, por ejemplo, de un patrón de población muy disperso o de las complicaciones derivadas del hecho insular”.