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Los socialistas y populares catalanes parten de una base muy distinta en sus promesas sanitarias de cara a las elecciones autonómicas del 25 de noviembre: el acceso universal al sistema de salud anunciado como primera medida del programa del Partido Socialista de Cataluña (PSC) se sitúa en las antípodas del anuncio del PP de trabajar para evitar “la utilización abusiva y fraudulenta” del sistema de salud “por parte de personas extranjeras que practican turismo sanitario y otros abusos”. Sin embargo, unidos en la oposición a la gestión del consejero de Salud, Boi Ruiz, durante esta legislatura, la apuesta federalista del PSC y la ‘españolista’ del PP comparten varios puntos en común en materia sanitaria: la mejora de la financiación para Cataluña y la derogación del euro por receta.
Para los socialistas, ambos problemas son el mismo: la financiación del sistema sanitario público es, según el programa que define la candidatura de Pere Navarro a la Generalitat, “la discusión clave”, y su solución “no es cobrar un euro por receta”. En su lugar, el PSC opta por eliminarla y abordar el asunto desde el diálogo entre todas las partes: las que definen el sistema, las que operan dentro de él y las que lo sufragan. Si ganaran los comicios, y una vez derogada la tasa, los socialistas convocarían una mesa con representantes de todos los operadores públicos y concertados del sistema sanitario catalán, colectivos profesionales y usuarios para iniciar un diálogo que conduzca a una propuesta de estructura de financiación que pueda tener vigencia para 20 años.
La “doble tributación” de los catalanes es el motivo esgrimido por el PP de Alicia Sánchez Camacho para anunciar la eliminación de la tasa farmacéutica. Junto a ello, no solo prometen mejorar los recursos que Cataluña recibe del sistema de financiación, sino también destinarlos a “sufragar las políticas básicas del Estado de Bienestar”.
El programa electoral del PP catalán se refiere a ello como ‘más recursos, pero también más responsabilidad en la gestión’. Así, el documento señala que “la Generalitat gestiona un presupuesto de 40.000 millones de euros y ha sido una elección de CiU no destinar más dinero a políticas sociales, mientras se siguen gastando en embajadas, en subvenciones identitarias o en canales de televisión pública”. A este respecto, el programa señala que “una cuarta parte de este presupuesto lo gastan empresas de titularidad pública. Somos la comunidad con más administraciones públicas y también con más fundaciones y empresas públicas ineficientes”.
La declaración de intenciones del PP supondría un auténtico terremoto en la estructura pública del Gobierno catalán: se propone reducir en un 20 por ciento tanto el número de diputados como los cargos de confianza del Ejecutivo regional y suprimir “aquellas empresas, entidades públicas, consorcios o fundaciones que no justifican la rentabilidad social de los servicios que prestan”.
En su programa también anuncia una comisión de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación y gestión de determinados consorcios sanitarios y del Instituto Catalán de la Salud y la puesta en marcha de una plataforma de compras y de distribución de los medicamentos financiados a cargo del Instituto en el ámbito hospitalario.
I+D+i
También la investigación y el desarrollo se beneficiarían, según ambos partidos, de las promesas de una financiación mejorada para Cataluña. PP y PSOE confían en poder potenciar la cultura científica, estimular la I+D+i de las empresas, facilitar el acceso de las pymes a estos estímulos y enfocar parte de esta apuesta en el ámbito biomédico.
